De acuerdo con discursos, hechos y eventos observados del proceso electoral extraordinario para elegir funcionarios del Poder Judicial Federal y estatal, se puede decir que es un proceso controlado y amañado por Morena y el gobierno, además de que su legitimidad estará en juego el próximo domingo 1 de junio, dependiendo de la afluencia de votantes que se dé, declaró ayer Othón Baños Ramírez investigador social de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).
“Pero el problema de la justicia no es solo de las personas como quieren hacer pensar estos señores de la cuarta transformación. No, es un problema más complejo que desde luego que sí tiene que ver la persona, pero también con el sistema, con sus mecanismos, y eso no se atiende”, agregó.
Al opinar sobre este proceso, el investigador recordó que, estas elecciones judiciales llevan un proceso bastante cuestionado, pues diferentes especialistas, medios de comunicación plantean que genera muchas dudas.
“Decimos que está amañado porque Morena busca que sus militantes queden en los puestos que están en juego, que están compitiendo. Ahí es donde está el problema, hemos visto cómo fue cuestionado en su momento el proceso de insaculación cuando habían miles de candidatos para llegar a estos pocos sitios, y desde entonces ha sido totalmente cuestionado”, comentó.
Cuestionable enfoque
El proceso de insaculación federal, señaló, dejó fuera a quienes deberían estar por méritos propios profesionales, por méritos de honestidad, de una trayectoria limpia, y en cambio hay personajes que no deberían estar, que ni vale la pena mencionar, pero hay varios que aparecen en la lista ya oficial de candidatos, y son realmente gente que no tiene antecedentes positivos, más bien tiene antecedentes de haber actuado en forma bastante dudosa.
En su opinión, lo mismo es para acá en Yucatán, también se cuestiona la insaculación ahorita, esto se ha generalizado.
“Por eso digo que, la consigna es de ver que en los diferentes niveles de gobierno, bueno, en el federal y estatal que manejan las elecciones, que sea igualmente un proceso de esa naturaleza, donde están los que son fundamentalmente simpatizantes, militantes, afines al gobierno y al partido Morena. Es lo que hay y eso ocurre aquí en Yucatán”, comentó.
“El truco aquí está en quiénes van a ser los primeros de la lista en las boletas. O sea, ¿cómo hicieron, con base en qué, para que en la lista de esos, en el caso de Yucatán que son 14 magistraturas en juego, quienes van a aparecer como los primeros nombres, porqué esos ciudadanos?”, preguntó.
En opinión del investigador, la mayor parte de los ciudadanos, si no es que la totalidad, no conocen a los personajes que estarán en ese listado.
Difícil que votantes conozcan a los aspirantes
“Va a ser muy difícil que la gente se siente y empiece a buscar en el INE quién es quién, qué es esto. Si acaso lo harán poquitos, pero la mayor parte del ciudadano común no hace eso, entonces, en la lista los primeros nombres seguramente son los que van a recibir la mayor votación, por una lógica básica, si no conoce los nombres ni modos que vayas al último. No, básicamente vas a poner los primeros nombres que están en la lista, esos vas a tachar”, citó.
“Por ejemplo, en la elección federal no sabemos aún en qué orden están, pero yo te apostaría que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a estar entre los primeros cinco nombres, las tres señoras, las tres magistradas que son militantes de Morena y están ahí no por casualidad, no a pesar de la insaculación, o sea, están ahí porque quería la gente del gobierno, los de Morena querían que ellas estuvieran ahí, y punto.
“Entonces, ese es el punto del truco que va a permitir ya a la hora práctica, a la hora de que el ciudadano vaya y acuda a la urna para seleccionar esos candidatos”, reiteró.
Por otra parte, opinó que además no es este precisamente el cambio que se requiere en el país para mejorar la impartición de justicia, “estamos hablando de que la impartición de justicia necesita que haya gente con capacidad profesional, que sea gente capacitada, que conozca muy bien las leyes, la Constitución, las leyes del ramo que le corresponde”.
“Pero realmente la impartición de la justicia tiene que ver con que hay procedimientos que tendrían que haberse modificado, revisado, tendría que haber algo como una revisión profunda de cómo está funcionando, cómo viene funcionando el poder judicial”, indicó.
El investigador subrayó que, el problema de la impartición de la justicia en México no es solo un problema de las personas como quieren hacer pensar la “cuarta transformación”.
“No, no es un problema de personas, es un problema más complejo que desde luego que sí tiene que ver la persona, pero no es solamente la persona per se, como se está jugando ahorita”.
“Decir, vamos a hacer unas elecciones extraordinarias judiciales para que ahí escojamos a las personas que van a impartir la justicia, que ya por el hecho por proceder de ser elegido en un proceso de elección, por ese solo hecho ya van a ser honestos y van a impartir la justicia de una manera, no lo creo”, mencionó.
Para el investigador, este proceso es una equivocación total, “el problema no es más bien cambiar, porque van a cambiar los personajes, y digamos que van a encontrarse los que traen buena intención, que hay quienes seguramente tienen buena intención, son capaces, tienen capacidad profesional, pero van a encontrarse con que hay ataduras y otros problemas del sistema”.
“Hay ahí muchos cuellos de botella que tienen que ver con los procesos mismos, con los procesos internos, con todo eso que no se ha revisado, y se optó por el cambio de personas nada más, entonces no, no es el cambio que se requiere”, puntualizó.
Baños Ramírez remarcó que, “la justicia no va a venir, no va a mejorarse así, seguro que no, con solamente cambiar las personas que van a ver no es suficiente, eso lo tengo por seguro.
Además reveló que lo que hoy se ve, es que el proceso para elegir a los ministros, jueces y demás del poder judicial no es la manera más viable, la más recomendable, porque se encuentran muchos problemas, hay bastantes cuestiones que son altamente debatibles, que no tienen una garantía de que van a dar el mejor resultado para la impartición de la justicia.
“Incluso la misma legalidad de este proceso estará en juego el domingo 1 de junio, ese día va a estar en juego la legitimidad democrática de estas elecciones extraordinarias judiciales, a ver si acuden a votar los suficientes para avalar su legalidad, lo que veo muy difícil ocurra”, puntualizó.
Señaló que, por esa razón se ve a los funcionarios del gobierno y la propia presidenta del país peleando con el INE para que les dejen hacer proselitismo en estas elecciones.
“O sea, porque el gobierno sabe que con una baja participación electoral quedaría cuestionada, muy altamente cuestionada la legitimidad democrática del proceso”, afirmó.