La discapacidad intelectual sigue siendo una de las menos comprendidas en la sociedad yucateca, a pesar de los esfuerzos institucionales y civiles por fomentar la inclusión.
Las personas con esta condición y sus familias se enfrentan a una serie de desafíos que abarcan desde la falta de diagnóstico oportuno hasta limitaciones en el acceso a una educación y empleo verdaderamente incluyentes, de acuerdo con Margarita González Solís, maestra de preescolar y educación especial.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Yucatán ocupa la posición 24 a escala nacional del porcentaje con personas que tienen alguna discapacidad intelectual, cifra que podría ser mayor debido a la falta de diagnósticos certeros y el subregistro.
Diagnóstico oportuno
Uno de los principales problemas que enfrentan las familias yucatecas es la dificultad para obtener un diagnóstico oportuno.
“Tristemente, los servicios de salud pública no siempre cuentan con personal especializado para evaluar el desarrollo cognitivo infantil”, comentó la maestra.
Los especialistas en neurodesarrollo son necesarios para detectar signos de discapacidad intelectual, pero escasean en el sistema público. Esto obliga a las familias a acudir a servicios privados que, por sus costos, resultan inaccesibles para muchas.
La ausencia de un diagnóstico oportuno impacta directamente en el ingreso de los menores a programas educativos especiales o con ajustes razonables desde edad temprana, lo que puede afectar su trayectoria escolar de forma permanente.
En Yucatán se han establecido en el ámbito educativo mecanismos para promover la inclusión, la Secretaría de Educación del Estado (Segey) cuenta con Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer).
Éstas brindan acompañamiento a estudiantes con discapacidad en escuelas regulares.
Sin embargo, el número de profesionales por escuela sigue siendo insuficiente.
Atención a la discapacidad intelectual en Yucatán
Trabajadores sociales y psicólogos atienden a una gran cantidad de alumnos con discapacidad intelectual en diferentes turnos y hasta planteles, lo que limita la atención personalizada de aquellos que lo requieren.
En cuanto a los mecanismos de supervisión, la Segey se apoya en las supervisiones escolares y coordinaciones regionales para verificar el cumplimiento de los ajustes razonables —adecuaciones curriculares, apoyo pedagógico y evaluaciones diferenciadas—.
No obstante, padres de familia y organizaciones civiles como la Asociación Yucateca de Padres con Hijos con Discapacidad (Aypadis) han manifestado que en muchas escuelas los ajustes son para cumplir con formalidades.
La falta de ajustes razonables, personal capacitado y materiales adaptados sigue siendo un problema constante en muchas instituciones educativas, especialmente en zonas rurales y comunidades mayas.
En los últimos cinco años, el gobierno del estado impulsa diversas iniciativas para mejorar la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual.
Destacan la creación del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán (Iipedey), que actúa como ente rector en la materia, y la implementación de ferias de empleo incluyente.
A través del programa “Empodera”, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, se han promovido talleres de capacitación laboral adaptada, aunque su cobertura sigue siendo limitada. El CREE (Centro de Rehabilitación y Educación Especial) también ofrece programas de formación para la vida y el trabajo, pero la demanda supera con creces la oferta.
Camino solitario
Para muchas familias, el camino hacia la inclusión sigue siendo solitario.
“Si no quieres verte rezagado, debes buscar por tu cuenta e informarte sobre los derechos de tu hijo con discapacidad, es difícil encontrar apoyo”, dijo Alejandra Pech Alegra, madre de una niña de ocho años con discapacidad intelectual.
Garantizar el acceso a diagnósticos tempranos, personal capacitado, educación inclusiva y oportunidades laborales es una deuda pendiente que requiere atención interinstitucional.
Mientras tanto, la realidad de miles de yucatecos con esta condición continúa marcada por la desigualdad de oportunidades, así como a la necesidad urgente de acciones concretas.
“La inclusión debe dejar de ser una promesa en el papel para convertirse en una práctica cotidiana que transforme la vida de miles de yucatecos con discapacidad intelectual”, concluyó Margarita González Solís.