En el primer semestre de este año, las detenciones arbitrarias por parte de elementos policiacos continúan acaparando las quejas que ciudadanos interponen ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), de acuerdo con la información proporcionada por la presidenta de ese organismo local, María Guadalupe Méndez Correa.
Otro problema que se registra en materia del respeto a las garantías individuales en la entidad es el ejercicio indebido del servicio público, que también es motivo de numerosas reclamaciones ante la Codhey.
Este organismo estatal, en el marco de sus visitas de verificación y supervisión en todo el territorio yucateco, también ha detectado problemas en centros de salud de la entidad, en especial por el desabasto de agua potable en esos sitios y falta de rampas para el acceso de personas especiales.
Sin embargo, surgen avances en centros de salud locales, pues se ha constatado que en algunos de ellos ya hay personal especializado en el lenguaje de señas para proporcionar una mejor atención a personas con discapacidad auditiva.
En el tema educativo se han interpuesto quejas en este primer semestre del año por parte de padres de familia que no encontraron cupo para sus hijos en alguna escuelas, por discriminación o por el pago de cuotas.
Cárceles municipales en Yucatán, un dolor de cabeza
Las cárceles municipales, un dolor de cabeza crónico en la entidad, presentan luces y sombras, con avances en algunos casos y pendientes que se siguen presentando, como la falta de separación de hombres y mujeres que son detenidos por algún motivo en sus comunidades.
Un problema que es frecuente es que los avances en materia de derechos humanos que se tienen se frenan o se relajan en cada cambio de administración municipal.
La presidenta de la Codhey dio a conocer que una de las principales tareas que han emprendido en la actualidad es la profesionalización de su personal, a fin de que la atención a la ciudadanía mejore más.
María Guadalupe Méndez indicó que personal de la Codhey de la Oficialía de quejas y de las Visitadurías ya están matriculados en una maestría de Derechos Humanos que imparten en conjunto con la comisión del ramo de Campeche en formato híbrido.
La profesionalización del personal, recalcó, es uno de los ejes prioritarios de su gestión para que estén más actualizados como servidores públicos y resaltó que la mirada a los derechos humanos no es la misma hace 25 años que en estos tiempos, con una ciudadanía que es cada vez más exigente.
“Queremos transformar la forma como se atiende a la ciudadanía”, aseveró la entrevistada.
Recomendaciones de la Codhey
En los primeros seis meses del año, la Codhey ha emitido ocho recomendaciones: cuatro a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y una a los ayuntamientos de Motul y Kanasín, la Fiscalía General del Estado y el DIF.
Estas recomendaciones se emitieron por detenciones arbitrarias, prestación indebida del servicio público, dilación en las carpetas de investigación o que no marchan con la celeridad debida y un caso relacionado con la protección de niños.
En el caso de la fiscalía estatal, la entrevistada dijo que en la actualidad hay un buen canal de comunicación con la instancia en busca de que se dé más celeridad a las carpetas de investigación que se integran y otros asuntos.
Al preguntarle qué hace la comisión estatal de derechos humanos cuando no se acatan sus recomendaciones, afirmó que se acercan a las dependencias y autoridades señaladas para invitarlas a que las cumplan. No dejan de insistirles hasta que se toman las medidas recomendadas.
“Pocas veces hay una negativa a aceptar las recomendaciones y cuando la hay las autoridades tienen que fundarla y motivarla”, indicó la entrevistada.
Las ocho recomendaciones que se han emitido en este año son un poco más que las formuladas en el primer semestre del año pasado.
“Buscamos que la atención ciudadana sea la diferencia y privilegiar que se resuelva lo que se tenga que resolver en materia de derechos humanos”.
Casos graves
En casos graves, como denuncias por actos de tortura, la Codhey los aborda de manera diferente para atender a las víctimas y evitar su repetición.
Hay quejas que atienden en la comisión por la falta de medicamentos en alguna instancia de salud, y en esos casos hacen gestiones con las autoridades responsables para tratar de resolver el problema.
“Hemos encontrado puertas abiertas con el gobierno, y hay canales de comunicación, por ejemplo, con dependencia como la Secretaría de Educación estatal (Segey)”.
En el primer semestre del año se han interpuesto 58 quejas ante la Codhey y se han denunciado ya 138 hechos violatorios de derechos humanos, como maltratos, detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y prestación indebida del servicio público.
Las principales quejas a lo largo de los años han sido contra las policías por las detenciones arbitrarias, pero también hay contra autoridades de salud por falta de atención médica y contra la Segey por problemas en las inscripciones en los planteles escolares, la petición de cuotas, falta de cupo o actos discriminatorios.
La supervisión a las cárceles municipales es permanente todo el año, y se constatan avances, estancamientos y retrocesos. A las autoridades de los ayuntamientos se les recalca que se deben de tomar en serio las recomendaciones que les hacen para mejorar esos espacios.
En lo que va del año se han constatado avances y mejoras en centros de detención como el de Kanasín, pero también hay otras que siguen en deplorables condiciones, como es el caso de Izamal, a cuya alcaldesa, Melisa Puga, ya se le hizo notar la importancia de que se mejore la cárcel municipal, más si se toma en cuenta que es un municipio turístico de la entidad.
La primera edil izamaleña se comprometió a efectuar las mejoras que se requieren y en una próxima visita de supervisión, en el mes de octubre, se constatará si hay cambios y mejoras.
En las cárceles supervisadas otra deficiencia que se ha constatado en varias es la falta de separación de hombres y mujeres que son detenidos. Sólo en algunos municipios hay celdas para hombres y otras para las mujeres.
La presidenta de la Codhey afirmó que el desconocimiento no exime a las autoridades de su obligación de respetar los derechos humanos de la ciudadanía.
Sobre los centros de salud visitados, la Codhey ha constatado que en algunos de ellos hay problemas con el abasto de agua, pero también hay aspectos positivos como la atención psicológica que ya se da en esas pequeñas clínicas del interior del Estado.
En todos esos sitios los visitadores de derechos humanos constatan lo que se ha corregido y lo que falta por hacer para dar una mejor atención a la población de los municipios.
Ceresos en Yucatán
En cuanto al respeto a los derechos humanos en los Centros de Readaptación Social del Estado (Ceresos), ubicados en Mérida, Ebtún (en Valladolid) y Tekax, así como en el penal femenil y el Ceama, este año bajaron un escalón en el ranking nacional, pasaron del cuarto al quinto entre los que operan en mejores condiciones del país.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hace cada año recorridos en estos centros de reclusión, con el acompañamiento de personal de la Codhey, y esta última instancia también hace verificaciones de sus condiciones por su cuenta.
“Hay mucho trabajo por hacer para que se respeten los derechos humanos en Yucatán. Nosotros nos estamos actualizando y capacitando de manera continua”, dijo.
Un problema que afrontan es el del presupuesto, que es insuficiente y este año es de 41 millones de pesos. Sólo les subieron un millón 400 mil pesos en comparación con el año pasado, aunque durante varios años no se incrementó en nada. Sin embargo, gracias a unos ahorros y el control en los gastos se compraron cuatro vehículos para uso del personal operativo.
Una de las metas para el próximo año es otorgar un aumento salarial a los trabajadores de la Comisión, que es un organismo público autónomo encargado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos desde el ámbito no jurisdiccional en la entidad.
La ley que crea la Codhey fue publicada en el Diario Oficial del Estado el día 28 de enero de 1993, conformada por 15 artículos y 3 transitorios.