En su análisis sobre el impacto de las actividades humanas en el suelo de la Península de Yucatán, el presidente de la asociación Va por la Tierra, Salvador Castell González, reconoció que el excesivo uso de agroquímicos para forzar la productividad del campo mata biológicamente la superficie e incrementa su improductividad.
Se le preguntó si por el tipo de suelo kárstico y capa delgada de la tierra hay baja productividad agrícola.
“Gran parte del territorio yucateco tiene leptosoles, suelos muy delgados con baja productividad inherente bajo un modelo de agricultura convencional”, explicó.
“Sin embargo, existen zonas, principalmente en el cono sur del estado, donde los suelos son más profundos (como los luvisoles y vertisoles) y con un potencial agrícola mayor”, detalló.
“El problema fundamental no es solo la geología, sino el modelo de manejo que se ha impuesto”, subrayó.
“La baja productividad actual es, en gran medida, una consecuencia de la degradación por prácticas inadecuadas. A esto se suma el impacto devastador del uso excesivo de agroquímicos”.
“El intento de forzar la productividad con fertilizantes sintéticos y pesticidas no solo contamina el acuífero, sino que destruye la microbiología esencial del suelo, quema la materia orgánica y aumenta su salinidad, resultando en un suelo biológicamente muerto y, paradójicamente, menos productivo a largo plazo”.
¿Cómo mejorarlo?
“Se necesita una estrategia integral para la regeneración y mejora del suelo de Yucatán”, respondió. “Se requiere una estrategia holística que va desde la parcela hasta la política pública y el mercado”.
“No se trata de ‘arreglar’ un suelo malo, sino de implementar un sistema inteligente que lo reviva y trabaje con su naturaleza”.
Castell González destacó que el cambio debe ser impulsado desde el gobierno. “Es crucial actualizar y fortalecer la legislación para regular y reducir el uso de agroquímicos peligrosos”.
En paralelo, se deben establecer programas y políticas públicas que estimulen activamente las prácticas agroecológicas y sostenibles mediante incentivos como subsidios verdes, créditos blandos, asistencia técnica y compras gubernamentales de productos orgánicos y regenerativos.
El presidente de la asociación Va por la Tierra consideró que el gobierno puede ser un catalizador de la regeneración a gran escala.
Una acción de alto impacto, consideró, sería establecer plantas productoras de compostas en los rellenos sanitarios de todos los municipios.
Esta medida promueve la circularidad convirtiendo residuos en recursos, genera empleos, reduce la contaminación, además que un suministro constante de materia orgánica de bajo costo para la restauración de suelos agrícolas y forestales.
“El manejo adecuado de la parcela puede regenerar y revivir el suelo”.
“Con respaldo político, los agricultores pueden enfocarse en estas prácticas clave: incrementar la materia orgánica, es la prioridad número uno; usar abonos verdes, compostas, bocashi y biocarbón para mejorar la estructura del suelo y su capacidad de retener agua y nutrientes”, refirió.
El entrevistado también recomienda las siguientes prácticas:
- Inocular vida (bioinsumos): aplicar probióticos del suelo como micorrizas, Trichoderma y bacterias benéficas para revivir la biología del suelo y ayudar a las plantas a nutrirse.
- Labranza de conservación: adoptar la labranza mínima o cero para proteger la estructura del suelo y evitar la erosión y la pérdida de carbono.
- Rediseño agroecológico: establecer sistemas agroforestales y la policultura inspirada en la milpa para crear sistemas productivos diversos y resilientes.
- Articulación eficiente de las cadenas de valor: de nada sirve producir de manera sostenible si no se puede vender. Es fundamental crear y fortalecer cadenas de valor que conecten a los productores agroecológicos con procesadores, distribuidores y consumidores finales.
Esto incluye mejorar la logística, crear centros de acopio, y desarrollar sellos de garantía que permitan a los consumidores identificar y premiar los productos regenerativos.
- Potenciar la economía comunitaria y solidaria: la transición debe beneficiar directamente a las comunidades locales.
Se debe fomentar la creación de cooperativas, mercados locales (tianguis), redes de consumo responsable y otras formas de economía social y solidaria.
Esto asegura que el valor generado por la agricultura sostenible se distribuya de manera más equitativa y se quede en la comunidad, fortaleciendo el tejido social.
“En conclusión, la baja productividad no es una sentencia dictada por la geología de Yucatán, sino el resultado de un enfoque agrícola, político y económico equivocado”, afirmó el doctor Castell, cuya primera parte de la entrevista el Diario la publicó hace unos días.
“La solución no está en más químicos, sino en una estrategia integral que reviva biológicamente el suelo a través de prácticas regenerativas, respaldadas por políticas públicas valientes y conectadas a un mercado justo que valore tanto los alimentos como la salud del ecosistema”, advirtió.