El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado (SAF), Juan Gabriel Sánchez Álvarez, corre el riesgo de ser destituido de su cargo si no ordena en los próximos tres días el pago de una millonaria indemnización a una exfuncionaria, despedida injustificadamente desde la época de Mauricio Vila Dosal.
Se trata de Nancy Aracely Martínez Montalvo, alcaldesa priista de Tekax de 1998 a 2001 y jefa del Departamento de Apicultura de la desaparecida Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero durante gran parte de los gobiernos de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, quien fue despedida sin justificación en el gobierno de Vila Dosal.
Desde entonces, Martínez Montalvo interpuso una demanda laboral en contra del gobierno del Estado, que ganó luego de varios años.
Las autoridades se han negado a cumplir con el pago respectivo, que ya suma casi tres millones de pesos.
En 2024, Nancy Martínez Montalvo presentó un amparo que también ganó, pero, aun así, el gobierno estatal se ha negado a cumplir la sentencia con diversas artimañas y evasivas.
El pasado jueves 11, el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán notificó a Sánchez Álvarez que deberá dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el plazo de tres días hábiles, “apercibido que, de no cumplir… se le impondrá una multa mínima de $26,022.20, así como que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución”.
Según Lincoln Palma Rodríguez, abogado defensor de Nancy Martínez, ese trámite puede terminar en la separación del cargo de Sánchez Álvarez y sancionarlo por el delito de incumplimiento de la sentencia de amparo.
Sentencia
De acuerdo con el expediente, el Juzgado de Distrito dictó la sentencia de este caso el 25 de marzo de 2025, la cual causó ejecutoria el 16 de abril.
Hasta el momento la SAF no ha cumplido con el pago, pese a que se le han otorgado varias prórrogas.
En su resolución, el juzgado establece que esa dependencia “deberá evidenciar acciones directas y concretas, tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo (en tres días), y no limitarse al envío de oficios internos entre sus subalternos, con los que se pretende aparentar el cumplimiento requerido”, como lo ha hecho antes.