Funcionarios encargados de combatir la corrupción en la administración pública exhortaron a los ayuntamientos de Yucatán a conducirse con honestidad, eficacia y responsabilidad social, con el fin de asegurar que los recursos públicos atiendan las necesidades básicas de la población.
“Vale la pena que salgan con las finanzas en orden, con la cabeza en alto y que entreguen cuentas claras a la siguiente administración”, expresó el auditor superior del Estado, Rubén de Jesús Arjona Ortiz.
Esto fue durante su participación en el foro “Ayuntamientos comprometidos con una cultura anticorrupción, estrategias y buenas prácticas”, realizado en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración del Campus de Ciencias Sociales de la Uady.
Arjona Ortiz destacó que contar con un contralor interno debidamente capacitado permite anticipar riesgos, reducir errores y evitar sanciones futuras.
Además, dijo, esta figura fortalece la administración pública, la rendición de cuentas y el desarrollo de una cultura anticorrupción.
Prevenir sanciones a ayuntamientos
El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Rafael Rodríguez Méndez, subrayó que la capacitación del personal de vigilancia de los ayuntamientos es fundamental para prevenir sanciones. “La gran mayoría de los casos son observaciones por omisiones o desconocimiento de la ley, pero esto último no exime de su cumplimiento”.
Rodríguez Méndez informó que el Tribunal mantiene 25 expedientes vigentes correspondientes a los ejercicios fiscales 2021 y 2022, y prevé que las primeras sentencias se dicten en el primer semestre de 2026. En lo que va de la administración municipal 2025 han recibido solo tres casos.
Asimismo, precisó que el Tribunal devolvió 15 de los 25 expedientes a la Auditoría Superior del Estado a fin de que subsane aspectos de las investigaciones contables.
Las sanciones que podrían derivar de estos expedientes serían de carácter administrativo, como multas e inhabilitación de servidores públicos hasta por diez años, por conductas como abuso de funciones o presunto desvío de recursos.
También aclaró que el Tribunal no aplica sanciones de prisión, ya que ello corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, cuya representación no asistió al evento.
Respecto al proceso de fiscalización, el auditor superior reconoció que sigue siendo largo y detalló que aún se revisan asuntos de los ejercicios 2017 y 2018, así como los subsecuentes hasta octubre de 2025.
Arjona Ortiz añadió que los incumplimientos más frecuentes detectados en los ayuntamientos están relacionados con pagos de salarios no autorizados, falta de planeación y supervisión de obras públicas, uso improcedente de recursos, ausencia de documentación contractual, asignación directa de obras, entrega de apoyos sin los requisitos legales y omisión en la presentación mensual de la cuenta pública.
En su intervención, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Óscar Adán Valencia Domínguez, indicó que el gobernador Joaquín Díaz instruyó a mantener una política de transparencia permanente y rendición de cuentas proactiva para poner información útil al alcance de la ciudadanía.
La licenciada Freya Benítez Mendoza, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, presentó un informe sobre el avance de las brigadas contra la corrupción en los municipios e invitó a los alcaldes de Valladolid y Río Lagartos a compartir sus experiencias.
El foro se realizó en el marco de la Semana Anticorrupción 2025, que se inició el lunes 1 y concluirá el día 9.