Cada 2 de febrero se recuerda el Tratado de Guadalupe Hidalgo como la fecha en que México perdió más de la mitad de su territorio nacional. Sin embargo, insistir en la firma como origen del desastre es una lectura cómoda y superficial. México no fue derrotado ese día; ese día solo oficializó una derrota que llevaba años gestándose desde dentro.
La guerra contra Estados Unidos de Norteamérica no puede explicarse únicamente por el expansionismo norteamericano, su llamado Destino Manifiesto. Ese factor fue real, pero no decisivo por sí solo. La verdadera causa fue un Estado mexicano frágil, centralista y sin contrapesos, incapaz de sostener un federalismo efectivo, de respetar la división de poderes y de administrar con responsabilidad los recursos públicos. Un Estado atrapado en el personaje político que Antonio López de Santa Anna encarnó como pocos.
Bajo su dominio, México dejó de ser una República Federal de equilibrios para convertirse en un país gobernado desde la concentración del poder. El Ejecutivo se impuso al Legislativo, el Judicial fue cooptado y utilizado según la agenda conveniente, y la Constitución se trató más como un obstáculo que como un verdadero pacto social. No había reglas estables, ni instituciones fuertes; había decisiones unilaterales, cambios constantes en la titularidad del régimen y un país gobernado por un dictador desde1833 hasta 1853 durante los cuales: renunciaba, ponía, manipulaba, traicionaba, volvía de acuerdo a sus prioridades en turno, en síntesis fue el primer maximato.
La Hacienda pública tampoco funcionó como instrumento de sostén del desarrollo nacional. Se convirtió en una caja centralizada, sin controles ni planeación, utilizada para sostener lealtades políticas, financiar conflictos internos y cubrir improvisaciones del poder. Los estados aportaban recursos, pero no participaban en las decisiones. Pagaban, obedecían y callaban.
Así, el federalismo dejó de existir en los hechos. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas.
En 1835, Zacatecas, bastión federalista, fue castigada militarmente por resistir la imposición centralista: represión, saqueo y mutilación territorial con la creación del hoy Aguascalientes, como escarmiento político.
Texas se separa en 1836 y se declara como República de Texas. Obviamente México no lo reconoce y fue hasta 1845 que se adhiere voluntariamente a los Estados Unidos de Norteamérica.
En 1841 Yucatán se declara independiente, con una historia propia y emancipación propia de España; tenía una economía sólida y vocación federalista, optó por separarse ante un centro que exigía obediencia sin respeto, ni libertades autonómicas. Regresó ante la promesa de un cambio en 1844 bajo acuerdos que nunca se cumplieron y, cuando estalló en 1847 la Guerra de Castas, quedó sola, al grado de buscar auxilio al extranjero, ante un gobierno en el que no confiaba, ni tampoco daba recíprocamente ayuda desde el centro de la supuesta federación.
Nuevo México, al igual que Tamaulipas, pese a su importancia estratégica, fueron abandonadas. Sin recursos ni defensa efectiva, la segunda se convirtió en la puerta de entrada del ejército estadounidense.
México dejó de funcionar como un país federado, solo le quedó el nombre: Estados Unidos Mexicanos. No era una unión de entidades con derechos, responsabilidades y un proyecto común, sino un territorio subordinado a una voluntad central que desconfiaba de la pluralidad y temía la autonomía.
Cuando Estados Unidos de Norteamérica —con una división de poderes efectiva, federalismo funcional y un proyecto nacional claro— enfrentó a México, no se encontró con una nación cohesionada, sino con un país agotado por sus propias fracturas internas. La derrota fue militar, pero antes había sido política, institucional y territorialmente fragmentado, era una crónica de divisiones a una ruptura anunciada.
Por eso, el 2 de febrero de 1848 no marca el inicio del desastre. Marca su confirmación.
Y es aquí el punto donde la historia deja de ser pasado.
Hoy México vuelve a parecerse peligrosamente al país que firmó El Guadalupe Hidalgo. Un país sin respeto efectivo a la división de poderes, donde el Legislativo se somete o se margina y el Judicial se presiona o se desacredita cuando incomoda. Un país centralista, donde las decisiones, los recursos y el rumbo se concentran en el centro del poder, mientras los estados administran carencias y obedecen instrucciones. Un país donde la Constitución federal se invoca, pero no se respeta, y donde el poder actúa más por voluntad que por reglas. Y, sobre todo, un país sin un proyecto claro de nación, incapaz de ofrecer a sus ciudadanos certezas, cohesión y un futuro promisorio.
El 2 de febrero debería ser una advertencia política. Porque cuando un país debilita a sus estados, carece de federalismo, cuando somete al Legislativo, controla al Judicial y concentra el presupuesto, no se fortalece: Se transforma en una dictadura.
Eso ya lo vivimos. Así se llegó a la derrota, así se firmó el Guadalupe Hidalgo. La historia no castiga por ambición externa, sino por fragilidad interna. Y un México sin contrapesos, sin instituciones autónomas, sin federalismo real y sin respeto a sus propias reglas no está avanzando: Está repitiendo el camino que ya lo llevó al colapso.
¿Tu como lo ves?— Mérida, Yucatán
Exdiputada