En apoyo a las autoridades estatales, la delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública aplica en Yucatán el programa “Libertad para Todos” no solo a personas sentenciadas en el ámbito federal, sino también a las del fuero común, aunque no sea de su competencia directa, en cumplimiento de disposiciones federales, informa su titular en la entidad, María Asunción Gutiérrez de Velasco.
La funcionaria recuerda que la Defensoría Pública cuenta con diez programas en todo el país, y el más reciente es “Libertad para Todos”, que se implementa tanto para sentenciados por delitos federales como del fuero común.
Desde hace varias semanas, personal de la institución visita los Centros de Readaptación Social de Yucatán con el fin de informar a las personas privadas de su libertad sobre este beneficio al que pueden acceder.
La delegada explica que las personas sentenciadas del fuero común que hayan cumplido el 50% de su condena, sean primodelincuentes, hayan reparado el daño causado y cubierto el pago de la multa, pueden tramitar de manera gratuita su libertad anticipada a través de esta delegación.
“Esto es un gran avance, ya que por primera vez, como dependencia federal, estamos brindando asesoría y acompañamiento a personas del fuero común”, comentó.
María Asunción Gutiérrez subraya que todos los servicios del instituto son gratuitos y están enfocados en la defensa de los derechos de la ciudadanía, mediante tres vertientes: defensa penal, asesoría jurídica y representación del afectado.
“En la Defensoría Pública Federal ofrecemos servicios completamente gratuitos. Desde el momento en que una persona es detenida, tiene derecho a contar con un defensor, y nosotros estamos aquí para atenderla de inmediato”, afirma al enfatizar que este apoyo es fundamental para garantizar el acceso a la justicia, independientemente de la situación legal de cada individuo.
La defensora pública detalla que la asesoría jurídica abarca diversas áreas, como civil, mercantil, fiscal, administrativa, de salud, laboral y de movilidad. “Atendemos también a personas con discapacidad y de la comunidad LGBTTI, ofreciendo orientación, asesoría y representación”, agrega.
La funcionaria federal destaca que muchas personas se sienten frustradas al tratar de resolver problemas legales y, en ocasiones, desconocen a qué instancia acudir.
“Si se acercan con nosotros, les explicamos su situación y los canalizamos a la institución adecuada. Por ejemplo, si acuden por un divorcio o una pensión alimenticia, los dirigimos mediante oficio a la defensoría del fuero común”, señala.
La Defensoría Pública cuenta con diez programas, entre ellos los relacionados con el derecho al agua, a la electricidad y a la movilidad, precisa.
“También atendemos problemas con instituciones bancarias, asesoramos sobre despidos injustificados y gestionamos pensiones para adultos mayores y servicios de salud”, detalla María Gutiérrez de Velasco.
“Invito a la comunidad a acercarse a nosotros. Estamos para defender sus derechos y brindar atención gratuita. Pueden plantear sus problemas con la confianza de que serán atendidos con respeto y honestidad”, concluye.