En el tema de discriminación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) solo recibió siete quejas el año pasado, de las cuales a la fecha ninguna recomendación se ha emitido, así como y tampoco se ha sancionado a funcionario público alguno por ese tema, según información de la misma institución.
De acuerdo con la Codhey, se registraron de siete quejas por actos de discriminación en 2025. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas quejas ha derivado en una recomendación firme hacia las autoridades.
El organismo informa que, el tiempo promedio para obtener una resolución tras presentar una denuncia por discriminación varía considerablemente. “La duración del proceso depende de la complejidad del caso y de las diligencias necesarias que se requieran durante la investigación. Por ello, no es posible establecer un tiempo aproximado para todas las quejas”, señalaron desde la Codhey.
Se detalla que las instituciones contra las que se presentaron quejas por discriminación el año pasado fueron: Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay), la Policía de Oxkutzcab y las presidencias municipales de Sucilá, Tahdziú y Tixcacalcupul, así como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), una por cada dependencia.
Procedencia
En cuanto a la procedencia de las quejas, se informó que las denuncias de Mérida representan una porción significativa con dos quejas, mientras que las que provienen del interior del estado fueron una por dependencia y corresponden a municipios como Oxkutzcab, Sucilá, Tahdziú, Tixcacalcupul y Tzucacab. No se ha registrado un pico atípico de quejas en ningún municipio en relación con su población.
Añaden que, de los expedientes de queja originados en 2025, no se ha sancionado a ningún servidor público por actos discriminatorios.
En México, la discriminación es una violación a los derechos humanos reconocida en la Constitución y en tratados internacionales. Instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han señalado que estos actos pueden limitar el acceso a servicios básicos como educación, salud y seguridad.
Sin embargo, especialistas advierten que el bajo número de quejas formales no necesariamente refleja una menor incidencia, sino posibles barreras como el desconocimiento de los mecanismos de denuncia, la desconfianza en las autoridades o el temor a represalias.