Ante el llamado de diversas organizaciones civiles a los diputados locales para definir su postura frente a dos iniciativas de reforma que podrían discutirse en los próximos días en el Congreso del Estado, una de ellas en materia de aborto, únicamente las bancadas del PAN y del PRI comparten, a solicitud del Diario, su posicionamiento.
Uno de los temas centrales es la aparente contradicción jurídica derivada de la reforma de 2025, que modificó el Código Penal para eliminar la criminalización del aborto en ciertos supuestos, aunque no alcanzó la mayoría calificada para reformar la Constitución local, la cual aún establece la protección de la vida desde la fecundación.
Postura del PAN Yucatán sobre el aborto
Al respecto, la diputada del PAN, María Teresa Boehm Calero, asegura que “no hay contradicción”, sino un marco legal que debe interpretarse en forma integral.
“El Congreso del Estado ya atendió el núcleo del problema, que era la criminalización. El Congreso no se ha negado a legislar: ha discutido, ha votado y ha tomado decisiones”.
“Hoy, en Yucatán, ninguna mujer puede ser perseguida penalmente si interrumpe su embarazo en las primeras 12 semanas, entre otros supuestos que ya estaban establecidos”.
“Por eso nosotros no vemos aquí una contradicción, sino un sistema jurídico que debe interpretarse de manera integral. La Constitución establece principios. Las leyes desarrollan su aplicación. Y hoy la ley es clara: no hay sanción penal en esos supuestos. Eso da certeza jurídica tanto a las instituciones como a la ciudadanía”, añade.
Sin embargo, subraya que la discusión de fondo no debe centrarse únicamente en el ámbito legal, sino en el papel del Estado frente a las mujeres.
“Pero también hay que decirlo: una cosa es corregir una sanción y otra distinta es redefinir el alcance constitucional de la protección a la vida y la obligación del Estado. Sostenemos que esa protección puede coexistir con otros derechos, mediante interpretación conforme, sin necesidad de eliminarla del texto constitucional”.
El PAN plantea fortalecer políticas públicas de acompañamiento.
“Por eso creemos en otra ruta: dar certeza jurídica, sí, pero también dar certeza social. Es decir, que el Estado no solo deje de castigar, sino que empiece de verdad a acompañar a las mujeres que deciden ser madres”.
En ese sentido, la legisladora afirma que su bancada impulsará medidas como presupuesto específico, pensión prenatal y atención integral.
“Como bancada del PAN Yucatán, seguiremos empujando lo que hemos propuesto: presupuesto para mujeres, pensión prenatal, salud materna, acompañamiento médico, psicológico, y nutricional desde el primer momento. Porque la certeza jurídica también se construye en la vida cotidiana. Se construye cuando una mujer sabe que no está sola”.
PRI Yucatán sobre el aborto
El diputado Gaspar Quintal Parra, presidente del PRI en Yucatán, señala que sí es necesario armonizar el marco legal estatal con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los tratados internacionales, los cuales calificó de obligatorios.
“Nuestro compromiso es armonizar el marco legal estatal con los criterios definitivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los tratados internacionales, ya que éstos no son opcionales, son obligatorios y en caso de no aplicarse, la propia Corte puede ordenar la destitución del congreso las veces que fuera necesario para cumplir con su sentencia”.
El legislador priista recuerda que la SCJN ha invalidado disposiciones similares en otras entidades.
“Esta armonización es derivada entre otras razones por el precedente de la SCJN, 7 de septiembre de 2021, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 106/2018, el Pleno de la SCJN invalidó de forma categórica las disposiciones locales que pretenden reconocer la vida humana desde la concepción con efectos restrictivos de derechos”.
Asimismo, enfatiza la obligación de las autoridades de garantizar derechos humanos conforme al principio pro persona, así como atender recomendaciones internacionales en materia de salud reproductiva.
“De igual forma, la reforma constitucional de 2011 obliga a todas las autoridades a respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo siempre la protección más amplia (principio pro personae) conforme a los tratados internacionales”.
Quintal Parra adelanta que su bancada promoverá la adecuación constitucional para eliminar la contradicción normativa, acompañada de políticas públicas en salud y educación.
“Atenderemos la adecuación constitucional para eliminar esta contradicción, asegurando suficiencia presupuestaria para el sistema de salud y atendiendo la problemática del embarazo infantil y adolescente, que en Yucatán ha mostrado un incremento preocupante entre los años 2022 y 2023”.
No obstante, aclara que no están a favor de ampliar la despenalización más allá de lo vigente.
“No olvidemos que en Yucatán el aborto está penado a partir de las doce semanas de embarazo y eso no está a discusión. En ese sentido, no estamos de acuerdo en algún cambio al código penal”.
Sobre la necesidad de regular la objeción de conciencia del personal médico, desde el PAN se plantea un equilibrio entre derechos individuales y obligaciones institucionales.
“Nuestra postura es muy clara: sí a la objeción de conciencia, pero con reglas claras. El personal médico tiene derecho a actuar conforme a sus convicciones, y eso se tiene que respetar. Pero también hay algo igual de importante: el Estado tiene la obligación de garantizar que los servicios de salud funcionen y que ninguna mujer se quede sin atención”, dice la diputada María Boehm.
La legisladora recalca que el reto está en la operación del sistema.
“Aquí no se trata de escoger entre uno u otro. Se trata de hacer que el sistema funcione. ¿Cómo? Con regulación clara, con planeación y con responsabilidad institucional. Que quien objete pueda hacerlo, pero que el Estado tenga siempre la capacidad de responder”.
Por su parte, Quintal Parra coincide en que este derecho no debe ser absoluto.
“Reconocemos que la objeción de conciencia es un derecho individual del personal médico derivado de sus convicciones éticas y religiosas. Sin embargo, sostenemos que este derecho no es absoluto y no debe obstaculizar el acceso a la salud”.
En ese sentido, plantean límites claros basados en criterios de la SCJN, como impedir su aplicación en casos de urgencia o riesgo para la vida, así como evitar dilaciones o discriminación en la atención.