El gobierno del Estado tendrá que destinar dinero público a la búsqueda de personas desaparecidas en Yucatán, según acordó y aprobó por unanimidad la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado.
La propuesta de asignación presupuestal a esta actividad la hizo el presidente de esa comisión, Daniel Enrique González Quintal, diputado de Morena, durante el análisis de la iniciativa.
Ésta fue presentada en enero pasado por el gobernador Joaquín Díaz Mena y el secretario general de gobierno, Omar Pérez Avilés.
Durante la sesión ordinaria, el diputado González Quintal propuso que el gobierno estatal armonice esta ley local con la ley federal en la materia de desapariciones en un plazo de 180 días, una vez aprobado y publicado el decreto respectivo.
Con ello el Ejecutivo estatal deberá destinar recursos financieros a partir de 2027, y que los ayuntamientos tengan plena coordinación con la comisión y comité de búsqueda de personas desaparecidas.
La propuesta fue aceptada al grado que Marco Pasos Tec, diputado del PAN, agradeció la distribución del contenido de la ley y que el diputado morenista realice estas modificaciones a los transitorios, porque van más allá de la simple armonización de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
“Las desapariciones son un tema muy tratado; por lo mismo, nuestro Estado debe estar atento y anticipar escenarios que son comunes en otras entidades del país”, destacó en referencia a la penosa búsqueda de cadáveres y restos óseos humanos enterrados en forma clandestina en México.
“Los transitorios que presenta el presidente robustecen la ley estatal en la materia”.
Aunque la propuesta del diputado González Quintal no contiene porcentaje o monto de dinero que deberá aportar el Poder Ejecutivo estatal, sí destaca que será un avance importante en el marco normativo que garantizará los derechos fundamentales de la ciudadanía para localizar a sus seres queridos.
Con la aprobación del proyecto de dictamen, la presidencia de la comisión instruyó a la Secretaría General la distribución del documento a todos los diputados de la LXIV Legislatura para su análisis, discusión y votación en el pleno en su próxima sesión.
Otras iniciativas que fueron distribuidas a los integrantes de la Comisión de Justicia para su estudio son las reformas al Código de Familia.
También modificaciones al Código Penal en materia de abandono en el lugar del accidente, y adecuaciones a la legislación estatal en temas de no discriminación y garantía de derechos de las personas que viven con VIH, de acuerdo con los parámetros de derechos humanos nacional e internacional.
La polémica reforma de despenalización de personas contagiadas con VIH presentada por la diputada morenista Clara Paola Rosales Montiel no entró a discusión de fondo, sino que el texto fue distribuido para su estudio.