MÉRIDA.- Por presuntos incumplimientos de obligaciones contractuales en la prestación del servicio público detectadas durante el ejercicio 2025, el Cabildo de Mérida dio luz verde al procedimiento para retirar la concesión de la planta de separación de residuos inorgánicos de la ciudad.
La decisión —tomada ayer viernes durante la sesión del cuerpo edilicio meridano— fue por una amplia mayoría que incluyó a la oposición, poniendo fin a meses de cuestionamientos sobre el desempeño de la empresa a cargo del manejo de desechos.
El dictamen se apoya en una serie de auditorías y expedientes de verificación realizados por la Secretaría Técnica de Gestión Integral de Residuos Municipales.
Retirarán concesión a empresa de Mérida por “incumplimiento”
En esos documentos, informó la autoridad municipal, se consignan irregularidades que, de acuerdo con la autoridad, vulneran la correcta prestación del servicio público.
Ello obligó a invocar el artículo 105, fracción I, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán para dar cauce legal a la rescisión del contrato.
El procedimiento se llevará al cabo con estricto apego al marco jurídico aplicable, asegurando en todo momento el debido proceso y el derecho de audiencia a la persona moral concesionaria.
Además, se indicó que el Cabildo integró una Comisión Especial, que incluye a todas las fuerzas políticas, la cual tendrá la responsabilidad de analizar el caso, sustanciar el expediente y emitir el dictamen correspondiente, tras realizar todo el procedimiento.
La comisión quedó conformada por los regidores:
- Genny Dianela Palomo Méndez
- Gabriela Patricia Santinelli Recio
- Asís Francisco Cano Cetina
- Juan de Dios Collí Pinto
- Angélica Esperanza Mena Magaña
- José Diego Carrera Pérez
- Julio Adrián Gorocica Rojas
- Denisse del Carmen Pérez Rodríguez
- ddie Humberto Maldonado Uh
Se detalló que el grupo contará con asesoría técnica para determinar si los incumplimientos son lo suficientemente graves para justificar la revocación total.
Al respecto, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada fijó una postura ante el Cabildo, señalando que la medida busca sentar un precedente sobre la vigilancia de los servicios concesionados.
Al afirmar que “nadie está por encima de la ley”, la munícipe dejó claro que el Ayuntamiento no tolerará que intereses particulares afecten el bienestar de los meridanos.
Este movimiento administrativo marca un punto de inflexión en la relación del municipio con sus proveedores de servicios, bajo la premisa de que el cumplimiento de las obligaciones contractuales es innegociable para garantizar un modelo de ciudad sustentable, se indicó.