“Este año, México conmemora 55 años de violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La inseguridad, la violencia y la impunidad se han consolidado, mientras que muchos sufren discriminación y exclusión”, advirtió Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, en su visita a Mérida.
También hizo hincapié en la alarmante erosión de los derechos humanos a escala global y nacional, al enfatizar que los gobiernos deben actuar con firmeza para contrarrestar estos ataques.
En un análisis crítico de la situación actual, destacó ejemplos preocupantes de violaciones a los derechos humanos.
La directora junto con Edwin Reyes Tuz, presidente de la Asamblea General de membresía de Amnistía Internacional México, y Roberto Sánchez Campos, cofundador de Kanán Derechos Humanos Península de Yucatán, participaron el pasado viernes 24 por la tarde en el Foro Cultural Amaro, donde presentaron dos informes: uno global y otro con críticas sobre el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En su informe sobre el estado de los derechos humanos durante la gestión de la mandataria nacional, Edith Olivares subrayó que México enfrenta una profunda crisis de derechos humanos que no ha sido debidamente atendida.
La directora indicó que la situación actual es alarmante y requiere atención inmediata, cuestionó las decisiones tomadas por el gobierno, afirmando que son “claramente regresivas”.
Según mencionó, la reforma al Poder Judicial debilitó la independencia judicial, al permitir que los jueces sean electos por consideraciones políticas en lugar de criterios técnicos.
“Esto pone en riesgo la imparcialidad del sistema judicial en el país”, puntualizó.
Se refirió a la militarización de la seguridad, destacando que a la Guardia Nacional la convirtieron en un componente de las Fuerzas Armadas.
“Esto implica que la principal institución encargada de hacer cumplir la ley es ahora de carácter militar, lo que es preocupante para la seguridad ciudadana”, señaló.
La activista también abordó la creciente represión contra la sociedad civil, al señalar que se utiliza la fuerza para dispersar manifestaciones pacíficas.
“Las autoridades no han tomado medidas para investigar la vigilancia ilegal que sufren los defensores de derechos humanos y periodistas”, criticó.
Violencia
Edith Olivares enfatizó que las mujeres y las comunidades Lgbtiq+ siguen enfrentando violencia y discriminación.
“A pesar de algunos avances, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, las personas de la comunidad Lgbtiq+ siguen sufriendo crímenes de odio y discriminación”.
La directora exhortó respetuosamente a las autoridades mexicanas para que abran espacios de diálogo y escuchen a las organizaciones de la sociedad civil.
“Este es un momento crucial para el respeto de los derechos humanos en México. Es indispensable que se aproveche la colaboración con la comunidad internacional para fortalecer las acciones que enfrenten las condiciones que permiten las violaciones a derechos humanos”, remarcó.
Crisis
En su opinión, hay una urgente necesidad de abordar la crisis de derechos humanos en México, instando a la acción colectiva y a un compromiso renovado por parte del gobierno para garantizar la protección de todos los ciudadanos.
Estamos en un momento crucial para el respeto de los derechos humanos en México, dijo.
“Este gobierno tiene la oportunidad de cambiar las estructuras que permiten violaciones sistemáticas. Sin embargo, esto solo será posible si abre espacios de diálogo y escucha”, afirmó.
En el informe globalizado internacional, recalcó que, “cada vez mejor coordinados y financiados, los gobiernos intentan destruir 80 años de esfuerzos para abordar problemas globales mediante el multilateralismo”, advirtió.
Según las cifras más recientes, indicó la activista, el genocidio contra la población palestina en Gaza continúa a pesar de los intentos de alto al fuego, mientras que las violaciones de derechos en otros lugares, como los Estados Unidos y Rusia, se intensifican.
“Los gobiernos deben oponerse, denunciar y contrarrestar estos ataques contra los derechos humanos. Sin embargo, hemos observado que muchos de ellos se niegan a entender la gravedad de la situación”, lamentó.
Los estados deberían proteger a los funcionarios de la Corte Penal Internacional y a apoyar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, consideró.
De igual manera, la activista apuntó de la creciente represión de la sociedad civil y que los gobiernos han perpetrado constantes ataques que socavan la justicia de género, racial, climática y económica.
“Las autoridades han utilizado la fuerza para dispersar manifestaciones pacíficas y han fallado en investigar la vigilancia ilegal de defensores de derechos humanos y periodistas”, explicó.
“Millones de personas en el mundo han salido a las calles para oponerse a la injusticia. Esta movilización es un recordatorio de que necesitamos alianzas globales que fortalezcan el sistema multilateral para defender los derechos humanos”, aseveró.