El Tribunal Colegiado del Trabajo y Materia Administrativa de Mérida obliga la Profepa a transparentar inspección del Tren Maya.
Se llegó a esta determinación luego de que los magistrados de dicho Tribunal acordaron desechar el recurso de queja 406/2025 que promovió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para negarse a transparentar informes solicitados de las medidas de mitigación ambiental en las obras del ferrocarril.
Tribunal de Mérida determina que Profepa informe sobre inspección al Tren Maya
Tras el fallo, el organismo que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe entregar constancia de inspecciones en el tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum, luego de que buscó deslindarse de esta obligación con un recurso legal que fue desestimado el pasado 30 de abril.
Ahora la dependencia debe dar a conocer las acciones en la región para reducir, prevenir o compensar el impacto negativo del ferrocarril al medio ambiente, con el objetivo de proteger los recursos naturales y restaurar los ecosistemas.
“Aquí se combate el acuerdo en el que el juez de Distrito requirió a la responsable remitiera constancias posteriores a las que había enviado junto con su informe justificado, se propone desechar el recurso de queja al no ubicar en alguno de los supuestos”, indicó la magistrada Cruz Belén Martínez de los Santos, cuando propuso rechazar el recurso con el que la Profepa intentó evadir su responsabilidad.
Finalmente, el resto de los magistrados acpetaron la propuesta tras considerar que carecía de relevancia.
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Antecedentes
La negativa ocurrió a principios de 2025 en un juicio de amparo promovido por habitantes de Playa del Carmen, dentro del amparo indirecto 1003/2022, que se resuelve en Yucatán contra las obras del Tren Maya y sus efectos.
El recurso legal fue promovido desde hace cuatro años y hasta la fecha se espera la sentencia del juez federal titular del Juzgado Primero de Distrito.
No obstante, cuenta con medidas cautelares de suspensiones definitivas que obligan al Gobierno Federal frenar cualquier tipo de obra que siga dañando los recursos naturales de la región y exige ejecutar actividades de mitigación ambiental.
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El expediente público evidencia que las autoridades federales señaladas de responsables, han interpuesto diversos recursos para alargar el proceso legal y dilatar cualquier tipo de sentencia, como ha ocurrido en otros expedientes.
Hasta ahora ningún juicio de amparo ha sido enlistado para su probable atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a más de cuatro años que diversos ambientalistas solicitaron las protecciones constitucionales.