La situación del rezago educativo de Yucatán ha llamado la atención en varios sectores, debido a la influencia que tiene en el desarrollo de la entidad, ya que se encuentra entre las entidades con mayor presencia de este problema.
Yucatán arrancó el 2026 ocupando el séptimo lugar nacional por su porcentaje de atraso educativo de personas mayores a 15 años, según estimaciones de autoridades federales, las cuales están basadas en los registros que se hicieron al concluir el pasado 2025, según obra en las bases de datos.
Con un total de 557,475 personas de ese rango de edad en esta condición, el estado reportó que el 28.3% de su población adulta (1.973,596) carece de educación básica completa, dicha cifra supera el promedio nacional del 26.6%.
Esta situación toma relevancia, luego de la advertencia a causa del atraso educativo de la entidad que hizo el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Grupo Yucatán, durante la presentación de su informe correspondiente al mes de abril.
Rezago educativo coloca a Yucatán en desventaja competitiva: IMEF
Isaías Marrufo Góngora, presidente del IMEF Yucatán, señaló que estos datos ponen al estado en una desventaja frente a otras entidades del país, pues reflejan una debilidad en la competitividad del estado frente al resto del país.
Afirmó que el rezago educativo representa un reto urgente para las empresas para que reviertan este indicador con mejor capacitación, más tecnología, más productividad y mejores salarios.
Mientras que entidades como la Ciudad de México presentan los niveles más bajos de rezago (16.6%), Yucatán se mantiene en el grupo de estados con mayores retos en materia educativa.
No obstante, hay otros seis estados que reportan una crisis más profunda que la yucateca y estos son Chiapas (44.9%), Michoacán (40.0%), Guerrero (39.3%), Oaxaca (37.3%), Veracruz (36.7%) y Puebla (33.4%).
Los señalamientos del IMEF se enmarcan luego de los escándalos nacional y estatal sobre el anuncio del recorte al calendario escolar –que posteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó era “una propuesta“– que se pretendía hacer con motivo del Mundial de Fútbol y las altas temperaturas en el país y que generó una desaprobación en varios sectores de la sociedad.
En el caso de Yucatán, como informamos, las autoridades mantuvieron un recorte a los días de clase, como dio a conocer el propio gobernador Joaquín Díaz Mena en su ya acostumbrado “live”, el pasado 11 de mayo.
De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la problemática en el estado se desglosa en 101,291 personas analfabetas, lo que representa un 5.1% de la población; 180,662 ciudadanos sin primaria terminada, equivalente al 9.2%, y 275,522 yucatecos que no han concluido la secundaria, alcanzando un 14.0%
Dentro del contexto regional de la Península, Yucatán presenta los indicadores menos favorables y se coloca como el estado con mayor atraso educativo frente a sus vecinos de la región.
Yucatán ocupa séptimo lugar nacional en atraso educativo
Mientras que Yucatán ocupa la séptima posición nacional con su 28.3% de rezago, el estado de Campeche se ubica en el lugar 11 con un 26.3% de su población en esta situación, afectando a 192,614 personas.
Por su parte, Quintana Roo muestra un desempeño significativamente mejor al posicionarse en el lugar 28 nacional, con apenas un 19.9% de rezago educativo que impacta a 323,299 personas.
La evidencia estadística señala que Yucatán prácticamente triplica el volumen de Campeche y casi duplica al de Quintana Roo.
Esto quiere decir que por cada quintanarroense de 15 años o más con atraso educativo, en Yucatán hay 1.72 personas en esa condición (casi una relación de 2 a 1). Mientras que en comparación con Campeche, por cada habitante con rezago de ese vecino estado hay 2.89 yucatecos en la misma situación (prácticamente una relación de 3 a 1).
La brecha es especialmente acentuada en el rubro de analfabetismo, donde la tasa de Yucatán del 5.1% casi duplica el 2.6% registrado en Quintana Roo, mientras que Campeche le sigue de cerca en este apartado con 4.6%.
En el nivel de primaria incompleta, donde Yucatán (9.2%) también supera a Campeche (8.2%) y a Quintana Roo (5.8%).
Yucatán presenta uno de los desafíos más significativos del país en este rubro, ocupando el quinto lugar nacional. Campeche es octavo y Quintana Roo ocupa el puesto 23.
La magnitud del problema en Yucatán es evidente al observar que el estado supera en porcentaje a entidades con poblaciones más grandes, reflejando una brecha estructural en la culminación de los estudios básicos iniciales.
Sobre la población que se encuentra en situación de atraso por no haber concluido la secundaria, las cifras al cierre de 2025 muestran un panorama contrastante para Yucatán en comparación con el promedio nacional y sus vecinos peninsulares.
En Yucatán, un total de 275,522 personas no cuentan con la secundaria terminada, lo que representa el 14.0% de su población en ese rango de edad.
Si bien este porcentaje sitúa al estado en la posición número 19 a nivel nacional —un lugar menos crítico que en los rubros de analfabetismo o primaria incompleta—, sigue siendo la cifra más alta de la región.
Campeche registró 96,540 personas en esta condición, representando el 13.2% de su población (lugar 25 nacional). Quintana Roo reportó el mejor desempeño de la península con 186,754 personas sin secundaria, lo que equivale al 11.5% de su población (lugar 31 nacional).
Ante este panorama complejo, las estadísticas oficiales sitúan a Yucatán ante un desafío estructural que trasciende el ámbito escolar: el rezago educativo se constituye como una limitante para el desarrollo económico de la entidad.
Con más de medio millón de población mayor de 15 años sin educación básica completa y una brecha cada vez mayor en comparación con sus vecinos peninsulares, la problemática en la entidad supera la coyuntura de los ajustes al calendario escolar.
Es de notar que los análisis técnicos y financieros coinciden en que la competitividad y viabilidad de Yucatán a largo plazo no se definirán necesariamente por la capacidad que exista para atraer mayor inversión al estado, sino por la efectividad con la que logre elevar las competencias y la escolaridad formal de las personas, sobre todo la de su fuerza laboral.
