Después de detallar las respuestas vacías de varias dependencias estatales a solicitudes de información sobre programas y obras de gobierno, Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor del colectivo ¡Ya Basta!, advirtió: “La opacidad es uno de los ingredientes del caldo de cultivo de la corrupción”.
Y también subrayó: “A la rendición de cuentas no la confundamos con los ‘informitos’ en los que nos cuentan lo que quieren”.
“La rendición de cuentas es la obligación de todo funcionario de comunicar, explicar, fundamentar y justificar ante la ciudadanía las decisiones y acciones que toma y realiza con los recursos públicos que recibe y ejerce”.
Esos conceptos fueron formulados en la décima segunda sesión del Observatorio Ciudadano de Cumplimiento, en la cual ¡Ya Basta! puso en evidencia la opacidad que prevalece en dependencias del gobierno del Estado e hizo hincapié en que el problema se extiende a los tres niveles de la administración pública.
Argucias y vericuetos legales para evadir las respuestas
La profesora Estrada Mora explicó que mediante la plataforma de transparencia, como ha sido su metodología, planteó 27 preguntas sobre programas y obras del Ejecutivo estatal, y los sujetos obligados –las dependencias aludidas– se apoyaron en una serie de argucias y recovecos para no proporcionar la información solicitada.
En algunos casos se respondió que la información es inexistente; en otros, que las preguntas estaban mal planteadas, y en algunos más las instituciones requeridas indicaron que los temas expuestos no son de su competencia.
Nicolás Andrés Dájer, también integrante del equipo promotor del colectivo, recordó que ¡Ya Basta! ha cumplido su objetivo de seguimiento desde 2017 y de entonces a la fecha han transcurrido tres administraciones estatales, encabezadas por Rolando Zapata Bello, Mauricio Vila Dosal y, ahora, Joaquín Díaz Mena.
“Tres personalidades de institutos e ideologías políticas diferentes –PRI, PAN y Morena– pero coincidentes los tres en presuntos hechos y vigencia de opacidad en la rendición de cuentas al día de hoy”, apuntó.
Caos, “cochinero” y carpetazo en el ámbito municipal
En el ámbito municipal, Nicolás Andrés indicó que la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada recibió la cuidad en medio de un caos urbano, con una serie de problemas heredados por su antecesor, Renán Barrera Concha.
El empresario llamó “cochinero” al caso de faltante de dinero detectado en Servilimpia y exigió respuestas sobre la situación financiera del fondo de pensiones de los trabajadores del Ayuntamiento meridano, colocado en instrumentos de riesgo en la gestión de Barrera Concha.
También censuró que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que encabeza Carlos Murillo Ku, haya dado “carpetazo” a una denuncia de ¡Ya Basta! contra el exalcalde por el tema de las luminarias y el consiguiente daño patrimonial a Mérida, alentando la impunidad.
En próxima edición abundaremos en los asuntos relativos al municipio y los señalamientos contra Renán Barrera.
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Nada sobre los proyectos estratégicos del “Renacimiento Maya”
En su exposición, la profesora Estrada Mora señaló que ¡Ya Basta! se propuso conocer, como parte de sus ejercicios de seguimiento, la lista de proyectos estratégicos del “Renacimiento Maya” y el presupuesto asignados a ellos en el presente ejercicio.
Para tal fin presentó preguntas a varias dependencias y esto derivó en respuestas que van de lo simple a lo inaudito. Por ejemplo, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) se declaró “notoriamente incompetente” para generar esa información e, incluso, alegó que no correspondía a sus facultades la posesión de los datos.
La Secretaría de Planeación y Evaluación, ante una pregunta idéntica, respondió que tampoco tenía atribuciones para generar esa información.
Situación similar se presentó cuando se solicitó información sobre el programa de mediano plazo “Infraestructura para el Bienestar”, presentado en octubre de 2025. Los argumentos fueron similares: incompetencia o información inexistente.
Un “ente normativo” que no tiene la información
En el caso del puerto de altura de Progreso, ¡Ya Basta! solicitó el proyecto ejecutivo, el plan maestro y el contrato de la primera etapa de la ampliación, que se supone ya está terminada.
Como en la pregunta anterior, Seplan se declaró incompetente y la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar argumentó que solo es un “ente normativo” que concentra sus funciones en las tareas de regular y evaluar las políticas de la ejecución de obra pública, y remitió al Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Incoppy).
Sin embargo, esta última solicitó una prórroga para entregar la información requerida.
Quiere saber si se refiere a Yucatán o a otro lugar
La respuesta más insólita vino de la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar. Cuando se le solicitó el desglose de la obra pública ejecutada en 2025 indicó que ¡Ya Basta! no identifica los municipios de los que requiere información y pidió que se precise cuáles son.
Fue más allá al señalar que el colectivo ciudadano debe aclarar si los datos solicitados se refieren solo al estado de Yucatán.
“Así nos enredan, así nos engañan a los ciudadanos”, puntualizó la presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy).
La misma pregunta se le hizo al Incoppy. La respuesta fue que la información solicitada ya está en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Lo mismo sucedió con el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay). Remitió a la citada plataforma.
¿A dónde fue el dinero del aumento al Impuesto Sobre Nóminas?
Otra pregunta enviada a la Secretaría de Administración y Finanzas está relacionada con los recursos destinados en enero y febrero a la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) provenientes del aumento de .75% al Impuesto Sobre Nómina, como se supone era el propósito.
La dependencia respondió que no dispone de la información “con el nivel de desagregación especifico requerido” y declaró la inexistencia de los datos.
La excepción fue el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut). Se le preguntó sobre el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y al responder dijo que el nombre correcto es Plan Estatal de Reordenamiento Territorial del Estado de Yucatán y proporcionó la liga del Diario Oficial del Estado para consultar la información.
La maestra Estrada Mora indicó que las dependencias no orientan al ciudadano sobre la forma en que podría obtener la información, en caso de que la pregunta no esté bien planteada, lo cual contraviene el espíritu de las leyes de transparencia.
También calificó de lamentable que los sujetos obligados se apoyen en vericuetos legales para evadir las respuestas.
