El diputado Roger Torres Peniche, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, afirma que, más que una injerencia en el Ayuntamiento de Mérida, le preocupa que el gobierno estatal pretenda asumir responsabilidades que, constitucionalmente, corresponden al municipio.
Tras el anuncio del gobernador Joaquín Díaz Mena, de la coalición Morena-PT-PVEM, de que en septiembre presentará al Congreso una solicitud de préstamo por 1,500 millones de pesos para financiar el plan de infraestructura “Renacimiento de Mérida”, Diario de Yucatán consultó a los cuatro coordinadores de las fracciones legislativas sobre ese proyecto. Sus respuestas se publicarán en varias entregas.
En esta primera entrega se presenta la opinión de Torres Peniche, exsecretario de Desarrollo Social durante la administración estatal de Mauricio Vila Dosal. También fueron entrevistados Gaspar Quintal Parra, coordinador del PRI; Javier Osante Solís, de Movimiento Ciudadano, y Wilmer Monforte Marfil, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso y coordinador de Morena.
Coordinación y no centralizar decisiones
A los cuatro legisladores se les formularon las mismas nueve preguntas.
Torres Peniche señala que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno siempre será positiva, pero advierte que no debe convertirse en un mecanismo para centralizar decisiones ni para utilizar recursos públicos con fines políticos.
Mérida no necesita protagonismos, sino soluciones, añade.
En ese sentido, considera que un primer paso para disipar cualquier percepción de injerencia sería modificar el nombre del proyecto “Renacimiento de Mérida”, debido a que “Renacimiento Maya” es el eslogan del gobierno estatal.
A su juicio, una denominación como “Plan Metropolitano” o “Acuerdo Mérida” contribuiría a despolitizarlo.
Cambio propuesto
El legislador sostiene que un cambio de nombre enviaría una señal de disposición al diálogo y demostraría que es posible construir acuerdos y trabajar de manera coordinada entre gobiernos emanados de distintas fuerzas políticas, en este caso Morena y el PAN.
Al preguntarle si considera que el plan responde a las principales necesidades de la capital yucateca, responde que, por ahora, nadie puede asegurarlo porque únicamente existen anuncios públicos.
“El Congreso no puede legislar ni autorizar deuda con base en conferencias de prensa o discursos. Se requieren proyectos ejecutivos, estudios técnicos, análisis costo-beneficio, fuentes de financiamiento, cronogramas y metas perfectamente definidas. Sin esa información, cualquier opinión sería irresponsable”, expresa.
Información técnica
El diputado añade que las prioridades deben definirse con criterios técnicos y no políticos.
Si las obras realmente atienden problemas históricos relacionados con agua potable, drenaje o infraestructura estratégica, deberán analizarse, dice. Sin embargo, cualquier proyecto con fines propagandísticos, electorales o de escasa rentabilidad social deberá revisarse con absoluto rigor.
Respecto a si el Congreso respaldaría financieramente el plan, señala que el Poder Legislativo no está para otorgar “cheques en blanco”.
“Si el Ejecutivo pretende contratar deuda, tendrá que acreditar uno por uno todos los requisitos que establecen la Constitución, la Ley de Disciplina Financiera y la legislación estatal”, advierte. “Quien solicita un crédito tiene la obligación de demostrar que es indispensable, financieramente sostenible y que generará beneficios superiores al costo que terminarán pagando los yucatecos. Mientras eso no ocurra, no existe razón para autorizar un solo peso”.
Rendición de cuentas
Torres Peniche anticipa que, en caso de aprobarse el financiamiento, el PAN exigirá máxima transparencia mediante la publicación de contratos, licitaciones abiertas, avances físicos y financieros, informes periódicos, indicadores de cumplimiento, auditorías permanentes y acceso público a toda la información.
“Cuando se compromete dinero de las futuras generaciones, la opacidad simplemente no tiene cabida”, afirma.
Sobre la posibilidad de impulsar comparecencias de funcionarios para informar periódicamente sobre el avance del plan, responde que esa medida debe aplicarse incluso antes de analizar una eventual autorización del crédito.
Rendición permanente
Antes de pensar siquiera en autorizar un crédito, los funcionarios responsables deben comparecer para explicar el proyecto y responder todas las dudas técnicas, financieras y jurídicas, señala. “Si eventualmente existiera una autorización, las comparecencias deberán continuar durante toda la ejecución de la obra. La rendición de cuentas no termina con la aprobación del financiamiento”.
La responsabilidad de los legisladores no consiste en respaldar discursos, sino en proteger el interés público, añade.
“Analizaremos el expediente completo y, si detectamos inconsistencias, omisiones o riesgos para las finanzas estatales, presentaremos todas las modificaciones necesarias o, en su caso, no acompañaremos la solicitud. La confianza no sustituye a la legalidad”, enfatiza.
Al preguntarle si “Renacimiento de Mérida” constituye una política pública de largo plazo o una estrategia con fines políticos, responde que todavía no existe información suficiente para emitir una conclusión.
No obstante, considera que los grandes proyectos públicos deben sustentarse en planeación, evidencia técnica y transparencia, y corresponde al gobierno estatal demostrar que la iniciativa responde a una visión de Estado y no a una estrategia con miras a futuros procesos electorales.
Finalmente, señala que sus principales preocupaciones son tres: que se comprometa el patrimonio de los yucatecos sin justificar plenamente la necesidad del endeudamiento; que no exista claridad sobre el destino de los recursos, los mecanismos de control y los resultados esperados; y que, después de casi dos años de gobierno con problemas de ejecución y planeación en distintos proyectos, el Ejecutivo deba recuperar la confianza mediante resultados y no únicamente con anuncios.
“El gobierno solicita el crédito, pero quienes lo pagan son los ciudadanos”, afirma. “Por ello no habrá cheques en blanco ni votos de confianza. Habrá una revisión técnica, jurídica y financiera estricta, como lo exige la ley y como merecen los yucatecos”.