Rescatistas y especialistas advierten que los largos procesos para investigar casos de crueldad animal pueden desalentar las denuncias.
El caso de violencia sexual contra una perra ocurrido en días pasados volvió a sacudir a la sociedad de Mérida y puso de nuevo bajo la lupa la respuesta de las autoridades ante los delitos de crueldad animal.
De acuerdo con Alejandra Noh Basto, quien está a cargo del cuidado y resguardo de la can, la investigación ya inició por la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, activistas y especialistas coinciden que este tipo de procesos suelen ser largos y complejos, lo que desalienta a la mayoría de los ciudadanos a denunciar.
La también responsable del colectivo Huellitas de Franko y Fabio explica que desde que tuvieron conocimiento del caso decidieron sumarse mediante la difusión de los hechos para visibilizar lo ocurrido, pues, según su experiencia, la presión social suele ser determinante para que las investigaciones avancen.
La rescatista relata que después del reporte acudieron elementos de la Policía y posteriormente personal de la FGE, que realizó la inspección correspondiente y recabó las primeras evidencias.
Al concluir las diligencias iniciales, la perra fue trasladada a una clínica veterinaria para recibir atención médica especializada y someterse a estudios adicionales que permitan fortalecer la carpeta de investigación, además de garantizar su bienestar.
Alejandra Noh Basto señala que el suceso corresponde a un caso de crueldad animal relacionado con un presunto acto de zoofilia, por lo que la investigación corresponde directamente a la Fiscalía.
Ante situaciones similares, recomienda comunicarse de inmediato al 911 para solicitar la intervención de las corporaciones de seguridad y procurar preservar la escena de los hechos.
En cambio, los casos relacionados con negligencia o maltrato animal por parte de los propietarios de animales de compañía deben reportarse a la Unidad de Protección Animal (UPA), cuando ocurren en Mérida.
Respuesta ante casos de crueldad animal
Uno de los principales obstáculos, apunta, es el tiempo de respuesta. En el caso de la perra, el reporte se realizó aproximadamente a las 10 de la noche y la Fiscalía llegó cerca de cuatro horas después, alrededor de las 2 de la madrugada.
La espera, enfatiza, puede provocar que los testigos abandonen el lugar antes de que lleguen las autoridades, lo que complica la obtención de testimonios y evidencias. Asimismo, reconoce que existe molestia entre la ciudadanía cuando no observa detenciones inmediatas en casos de alto impacto. No obstante, recalca que las autoridades deben integrar pruebas suficientes antes de proceder legalmente.
La animalista considera que la lentitud de algunas investigaciones genera una percepción de impunidad, que termina desgastando la confianza de los denunciantes. Recuerda que el caso de la perra no es el único y menciona el de Negrita, cuya investigación continúa en audiencias y diligencias judiciales después de un año de haberse hecho público.
De acuerdo con la información que conoce la rescatista, en julio pasado se han presentado más de 1,100 denuncias relacionadas con maltrato y crueldad animal, aunque solo una mínima parte logra concluir con una resolución efectiva.
“La gente sí denuncia, pero muchas personas dejan de dar seguimiento porque el procedimiento implica acudir constantemente a diligencias y realizar diversos trámites. En ocasiones pareciera que se exige más al denunciante que a quien está siendo investigado”, lamenta.
El médico veterinario y biólogo Ernesto Javier Kantún Chan también ha vivido las dificultades que implica denunciar casos de crueldad animal.
Rememora que hace cinco años enfrentó personalmente un proceso complicado para presentar una denuncia, debido a que la entonces recién creada Unidad Especializada contra el Maltrato Animal aún no contaba con procedimientos claramente establecidos.