En momentos en que está en la esfera del Congreso la solicitud del Ejecutivo del Estado para que le autoricen la contratación de millonario crédito, Tonatiuh Villanueva Caltempa, consejero nacional de Somos México, advierte: “¡Cuidado!”
El exedil meridano hace notar que cualquier gobierno sexenal concentra su primer año en sentar las bases para el desarrollo y por eso preocupa mucho que la actual administración, con apenas dos años, esté pidiendo más deuda en vez de dar resultados.
“Eso es gravísimo para Yucatán”, apunta el consejero de Somos México, quien adelanta que la próxima semana tomará posesión de la presidencia estatal del nuevo partido.
En una entrevista, Villanueva Caltempa señala que el gobierno anterior entregó cifras e indicadores en 2024, a su salida, pero en menos de dos años esas cifras se desplomaron.
Esa situación, añade, se puede constatar en una crisis en la distribución del agua potable, deterioro visible de carreteras, pérdida de estatus nacional en seguridad pública, retroceso en la prestación del servicio médico, abandono del campo y baja calidad educativa, entre otros aspectos que llevan a Somos México a preguntar cómo se han ejercido las partidas que la Federación destina a la entidad.
Algo no se hace bien
“¿Por qué con un cambio de gobierno empeoró la calidad de los servicios públicos básicos?”, pregunta. “Algo no se está haciendo bien: no se está ejerciendo el dinero como debe ser, en particular los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social”.
“Se solicita una deuda de $1,500 millones en vísperas de un proceso electoral, lo cual levanta sospechosismo. En Somos Mx nos preocupa esa urgencia financiera del renacimiento de personas de los gobiernos de Ivonne Ortega Pacheco, Rolando Zapata Bello y Mauricio Vila Dosal, que habían sido jubiladas por la democracia y sacadas del gobierno por los votos de hartazgo de la corrupción y la impunidad, y que renacieron en este gobierno con las mismas mañas”.
El directivo recalca que, de aprobarse la deuda, es impostergable y necesario acompañarla de un colegiado ciudadano en el que representantes del empresariado, la academia, colegios de profesionales, asociaciones civiles y partidos políticos vigilen que cada peso se ejerza con eficiencia mediante la asignación a empresas con buen historial y trayectoria y sin pendientes de contratos gubernamentales, “no a empresas fantasma, creadas al vapor y factureras”.
“Es muy importante que se fiscalice a quién se le va a dar el dinero, cómo lo ejercerá y cuál será la calidad de sus trabajos”, agrega. “Este empréstito debe garantizar la igualdad de oportunidades para todas las empresas, no solo para unas consentidas, para los que estén en una lista”.
El entrevistado también manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente:
—Las deudas que contraen los gobiernos hoy se cobran mañana a los ciudadanos con alza en impuestos y derechos, con menos dinero para salud, menos obras prioritarias.
—Nos dicen que hay una urgencia de endeudar a los yucatecos para solucionar temas prioritarios de la zona metropolitana, y empezaron esta narrativa con la crisis en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, pero el Plan Bienestar Metropolitano solo destinará $1,800 millones al agua potable y saneamiento, de la inversión total de $4,490.9 millones.
Parece “a propósito”
—¿Por qué la Japay empezó a prestar un pésimo servicio básico con un cambio de gobierno? Pareciera que lo hace a propósito para crear en el colectivo la necesidad de endeudarnos. Y más cuando, además del presupuesto anual de la Junta, Yucatán tiene dos recursos federales para cubrir emergencias como la del agua potable de Mérida.
—Esos recursos son el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que este año destina a los 106 municipios yucatecos $2,036.062,769, y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, que etiquetó para el gobierno de Yucatán $280.842,561.
—A esos recursos del Ramo 33 se suman programas con dinero federal, como “Proagua”, de la Comisión Nacional del Agua, que este 2026 presupuestó más de $100 millones para obras en Mérida, Tizimín y Valladolid, entre otros municipios.
—Otra cosa: dicen que se va a invertir en seguridad pública. Lo mismo que con el agua potable: el gobierno del Estado recibe el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública cada año, para cumplir metas nacionales, y se distribuye en 10 programas como tecnologías y equipamiento, prevención social, desarrollo y certificación policial, ciencias forenses…
—¿Dónde está el dinero que se ha recibido? ¿En qué se ha ejercido? ¿Por qué la condición del agua potable? ¿Se ejercen correctamente los recursos federales? ¿Qué está pasando?
—De aprobar esa deuda, los diputados nos deben garantizar a los ciudadanos un comité de vigilancia, para verificar que los recursos se asignen a verdaderas empresas, yucatecas y comprometidas con el desarrollo del Estado, y no, como ha pasado en este “morenato”, a empresas de dudosa reputación, creadas al vapor por los amigos.
—Es importante poner sobre la mesa la evolución de la deuda pública: Ivonne Ortega, muchos de cuyos funcionarios están en el actual gobierno, inició su gestión con una deuda de $608 millones y la cuadruplicó hasta los $2,426 millones, ¡un 300 por ciento!
—Rolando Zapata la subió a unos $4,500 millones. Mauricio Vila Dosal entregó un saldo rojo de $7,445 millones y Joaquín Díaz Mena ejerció la disposición final de la deuda para la ampliación del puerto de altura, entre 1,633 y 1,747 millones de pesos, y dispone de un Bono Cupón Cero con saldo de $307 millones.
—Al 30 de junio pasado, el saldo de la deuda de Yucatán sumaba $8,961 millones. Cada yucateco debe hoy $3,870. El problema es que se deja de usar el dinero en servicios básicos porque la deuda cuesta y la mayoría del pago del crédito va a interés, no a capital. Muy pronto el gobierno del Estado estará igual que el gobierno federal, que se quedó sin dinero. Por eso no hay medicinas y están cerrando hospitales, por eso la calidad educativa.
—Por eso decimos ¡Cuidado! Si se aprueba esta deuda, ¿para qué se va a usar, quién la va a ejercer, cómo se va a auditar? Una deuda de ese tamaño no puede ser un cheque en blanco, requiere del seguimiento de cada peso porque no está saliendo del bolsillo de los diputados, lo va a pagar cada ciudadano.