El inicio del trámite formal para la contratación del empréstito de 1,560 millones de pesos, recién autorizado por el Congreso del Estado, representa únicamente el primer tramo de la ruta que seguirá este endeudamiento, el cual requiere del aval inicial de los diputados locales para adquirirlo y operarlo en el Plan de Bienestar Metropolitano (PBM), según se planteó en su presentación, advirtió el maestro en Economía y Administración Álvaro Cano Escalante.
En este sentido, aún se desconocen numerosos detalles técnicos al respecto, tales como los momentos precisos de contratación, los plazos finales, las tasas de interés definitivas, los acreedores y las condiciones generales que se aplicarán.
El especialista expuso que, no obstante, con la información disponible sobre la propuesta y sobre la estructura actual de la deuda del gobierno yucateco, pueden anticiparse de manera razonable diversos factores clave para la entidad.
Finanzas en verde
El empréstito técnicamente llega en un momento favorable para las arcas públicas estatales, ya que se encuentran en “semáforo verde”, según el sistema de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto significa que la carga financiera de la deuda actual resulta plenamente sostenible a corto y mediano plazo.
A lo anterior se deben agregar las elevadas calificaciones crediticias que las agencias Moody’s, HR Ratings y Fitch Ratings —especializadas en la evaluación financiera de gobiernos locales— han asignado a Yucatán desde el primer semestre de 2024.
Por ello, el nuevo compromiso financiero será recibido sin mayor sobresalto, a pesar de que representa un incremento de alrededor del 17% en relación con el monto total de la deuda a largo plazo, ubicada en 8,960 millones de pesos al cierre del primer semestre de este año.
Costos financieros
El contexto favorable de las finanzas públicas estatales implica un bajo riesgo para las instituciones bancarias acreedoras y permite acceder a costos financieros reducidos. Se espera que la tasa final del crédito se ubique alrededor del valor de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más un 0.33%, que es el margen promedio con el que actualmente se cumple la deuda del gobierno estatal.
Asimismo, el Congreso yucateco aprobó facultar al Ejecutivo estatal para que negocie el refinanciamiento de la deuda pública hasta por 9,270 millones de pesos. El objetivo principal radica en reducir el monto de los intereses que se pagan anualmente (alrededor de 750 millones de pesos) y facilitar así la inclusión de los pagos del nuevo empréstito, aunque esto significará ampliar los plazos para liquidar los créditos existentes.
El monto del empréstito aprobado no se contrataría en un único momento, sino que se negociará por partes y de manera escalonada, según lo requiera la ejecución del PBM en lo que resta de este año y durante el próximo, mediante licitaciones públicas.
Peligros en puerta
Los acreedores más importantes por el monto involucrados —y con los que el Gobierno del Estado mantiene contrataciones vigentes que podrían aportar la mayor parte de los recursos— son BBVA, Banamex y Banobras. Las condiciones específicas de cada licitación se negociarán con las instituciones ganadoras; los contratos a tasas fijas o semifijas resultan la opción más favorable para la estabilidad de las finanzas públicas estatales.
Más allá de los aspectos positivos, existen riesgos importantes para la salud financiera del gobierno estatal que deben atenderse puntualmente.
Entre los principales riesgos destaca el posible incumplimiento de los mecanismos de transparencia en la contratación y operación del financiamiento, lo cual mermaría significativamente los indicadores favorables; también existe la posibilidad de que las negociaciones con los acreedores no concluyan con condiciones ventajosas, o bien que el Gobierno Federal retrase o reduzca las aportaciones destinadas a ejecutar el proyecto metropolitano, indica el maestro en Economía y Administración Álvaro Cano.