Dos casos aparentemente incipientes sobre delincuencia organizada en Yucatán, no relacionados con el narcotráfico, se plantearon en el Congreso del Estado durante la sesión ordinaria del 30 de septiembre pasado.
Ambos casos del Congreso cobran relevancia en estos días por el ataque con arma de fuego, a plena luz del día, en el fraccionamiento Montes de Amé en un intento de ejecutar a José Marcelino “N”, presunto jefe de plaza de un grupo criminal que opera en Cancún, Quintana Roo, y que vivía en Mérida.
Casos similares han ocurrido en el fraccionamiento Las Américas y municipios del Oriente del Estado, lo que se interpreta como un avance de la violencia en la entidad, aunque las fuerzas de seguridad detienen a los presuntos responsables.
Invasores
El primer caso de delincuencia organizada no relacionado con el narcotráfico o de otra índole, lo expuso la diputada del PAN, Manuela Cocom Bolio, sobre la operación de grupos invasores de terrenos y bienes inmuebles para su apropiación ilegal por medio de la violencia y protestas financiadas.
Propone reformas a la ley penal para que se adicione la figura delictiva de despojo organizado de cosa inmueble.
Sería un delito agravado que se perseguiría de oficio cuando haya planeación y aprovechamiento por el despojo y la investigación deberá ir más al fondo y castigar al o los autores intelectuales.
En su planteamiento durante Asuntos Generales de la sesión ordinaria del día 30 de septiembre pasado propuso que el despojo ordinario se investigue mediante querella.
El terreno del IVEY
La diputada expuso el reciente caso de invasión a un terreno propiedad del Instituto de Vivienda de Yucatán en la colonia San José Tecoh II donde intervino la fuerza pública para desalojar a los paracaidistas.
Ellos argumentaron que no tenían dónde vivir y necesitaban un terreno para construir su casa, pero al final de este conflicto se comprobó que la mayoría no realizó ningún trámite oficial ante el IVEY para obtener en forma lícita un lote.
No fue el único argumento de la diputada Cocom Bolio para endurecer la ley penal contra los invasores.
Expuso que en 7 meses de este año 2026 se contabilizaron 86 registros de despojo, lo que quiere decir que es una actividad ilícita creciente en Mérida y en Yucatán y no existe responsabilidad acreditada contra los responsables.
“La propuesta no pretende criminalizar la pobreza, ni la necesidad de una vivienda.
Distinguir y sancionar
“La ley penal tiene que distinguir y sancionar con precisión a quienes dirigen, coordinan, financian y encabezan a otras personas que invaden una propiedad”.
“La ley tiene que castigar a quienes se encuentran detrás de la operación de invasión”, señaló.
“La legislación debe estar preparada para investigar no solo a los invasores, sino a quienes prometen en venta, arrendamiento y suplantan la identidad del dueño legítimo de una propiedad inmueble ajena porque solo lucran para obtener dinero”.
“Ninguna persona debe despertar y ver que su propiedad ha sido ocupada ilegalmente, ni entregar sus ahorros para recuperarla“, alertó.
Espacio de impunidad
“Hay que cerrar este espacio de impunidad a quienes realizan el negocio del despojo organizado”.
La propuesta de Manuela Cocom recibió nutridos aplausos del público asistente y pasó a la Secretaría General del Congreso para el trámite siguiente de turnarlo a la comisión permanente respectiva.
El diputado Bayardo Ojeda Marrufo, de la fracción parlamentaria de Morena, también subió a tribuna para denunciar que grupos organizados que operan en Mérida cometen fraudes y robo de vehículos en arrendamiento o compra-venta de usados en perjuicio de empresarios de este ramo económico.
Vehículos de renta
Citó tres casos que recibió en audiencia previa sobre estos delitos.
Narró que, según la versión de los empresarios que se contactaron con él, los presuntos delincuentes rentan uno o varios vehículos y luego le cambian de color, suplantan el número del motor y otros que identifican la legalidad de la unidad automotriz y lo venden como si fueran los propietarios legítimos.
Cuando los loteros de vehículos usados reclaman la devolución, descubren que aquellos no tienen el auto o camioneta original, sino que todo quedó alterado, incluso, la documentación, por lo que pierden la propiedad.
Bayardo Ojeda pidió el apoyo de los legisladores para atender esta denuncia mediante la modificación de las leyes que castigue este tipo de operaciones organizadas e ilícitas.
De momento no propuso alguna reforma a la ley penal, de comercio o alguna relacionada con la compra venta y arrendamiento de vehículos en Yucatán, pero ofreció recabar mayores detalles para plantear en las comisiones legislativas.
Más de la argumentación de Manuela Cocom sobre lo que llamó despojo organizado
Sacrificios de años
En su argumentación para atraer el interés de los restantes 34 diputados del Pleno, la diputada Manuela Cocom Bolio dijo que detrás de un título de propiedad de una persona o familia existen sacrificios de años y cuando esa propiedad privada es invadida, no solo pierde temporalmente el uso de un inmueble, pierde su seguridad y un patrimonio.
Necesita atención
“Los 86 registros contabilizados en siete meses nos muestra que estamos frente a un problema que necesita atención rápida”, señaló en tribuna. “Conocemos situaciones de invasión, como la propiedad del IVEY”.