Los aumentos al salario mínimo plantean el reto de conciliar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores con la capacidad de las empresas para absorber mayores costos y generar empleo formal.
En el debate sobre la propuesta empresarial de limitar los incrementos de 2027 a la inflación, el doctor en Gobierno y Administración Pública Gabriel Rodríguez Cedillo considera que deben tomarse en cuenta los efectos sobre el consumo, la productividad y las diferencias entre los negocios.
El catedrático de la Facultad de Economía de la Uady señala que el impacto de los aumentos salariales varía según el tamaño y la actividad de cada empresa, por lo que los costos no afectan de la misma manera a todos los establecimientos.
También plantea que las mejoras en la productividad pueden ayudar a compensar parte del gasto adicional.
Rodríguez Cedillo advierte que frenar la recuperación salarial podría moderar el consumo de los hogares, sin que ello garantice por sí mismo una mayor contratación formal o la prevención de despidos.
A su juicio, trabajadores y empresas son parte de una misma dinámica económica y el debate debe considerar tanto remuneraciones como las condiciones para sostener la actividad productiva.
“Diagnóstico equivocado”
Limitar los incrementos del salario mínimo a la inflación en 2027 afectaría el consumo de los trabajadores y la dinámica económica, sin que ello garantice evitar despidos o generar más empleos formales, señala el doctor en Gobierno y Administración Pública Gabriel Rodríguez Cedillo.
Ante la propuesta del sector empresarial de poner una pausa a los aumentos extraordinarios al salario mínimo, el doctor Rodríguez, catedrático de la Facultad de Economía de la Uady, considera que la medida parte de un diagnóstico equivocado sobre los efectos de la política salarial.
Los incrementos no se traducen automáticamente en inflación ni afectan de la misma manera a todas las empresas, refiere.
El académico señala que los trabajadores que reciben los ingresos más bajos representan una parte importante de la población, por lo que frenar la recuperación salarial podría llevarlos a reducir sus compras y, con ello, afectar a los negocios que dependen de ese mercado.
Ajustes
“¿La población qué haría? Ajustaría, obviamente, los consumos. Si me dicen que el salario no seguirá aumentando, pues ajusto mi consumo. Entonces, ajusto mi consumo, quiere decir que voy a afectar a la dinámica económica. No lo voy a detener porque, reitero, simplemente el salario mínimo se hizo a los que ganaban una determinada cantidad de ingreso, no a todos”.
En entrevista con el Diario, el especialista cuestiona también que se presente el aumento salarial como una causa directa de inflación y pérdida de empleos.
En su opinión, el comportamiento de los precios responde a otros factores, entre ellos la capacidad productiva del país.
“Si esto fuese así, desde el momento que se subió el salario mínimo se hubiese disparado la inflación y la inflación estuviese en una situación acelerada desde hace unos años. Eso no ha sucedido”, subraya.
Sobre el efecto que los incrementos acumulados del salario mínimo han tenido en los costos de las empresas yucatecas, Rodríguez Cedillo indica que el impacto depende del tamaño del negocio, su actividad y la proporción de trabajadores que perciben ese ingreso.
Más dificultades
Los establecimientos pequeños, con pocos empleados y una operación casi artesanal, pueden enfrentar mayores dificultades para absorber los aumentos, mientras que las empresas grandes tienen más margen para afrontar esos costos, dice.
“No a todas las empresas les pega de la misma manera el salario mínimo. Obviamente, mientras más grande es la empresa, el impacto del aumento del salario mínimo no le pega. No estoy diciendo que no exista, sino que no la pone en peligro”, señala.
Sin embargo, considera que el incremento nominal acumulado de 250% desde 2018 no debe interpretarse como un aumento equivalente en los costos laborales totales, pues no todos los trabajadores reciben el salario mínimo.
El académico agrega que el ajuste salarial no necesariamente se traduce en pérdidas para las empresas, ya que los trabajadores también son consumidores y parte de sus ingresos regresa al mercado mediante la compra de bienes y servicios.
Productividad
Además, plantea que el efecto sobre los costos debe analizarse junto con los cambios en la productividad. Si el incremento salarial permite que un trabajador produzca más, el empleador puede compensar parte del gasto adicional.
Por ello, consideró que las empresas deberían concentrarse en mejorar sus procesos productivos y producir más y mejor, en lugar de centrar la discusión en la contención de los salarios.
La propuesta empresarial también se sustenta en que el objetivo de adquirir dos canastas básicas con el salario mínimo ya se alcanzó, por lo que ahora correspondería preservar el poder adquisitivo sin generar nuevas presiones sobre las empresas y el empleo formal.
Ante ese argumento, Rodríguez Cedillo cuestiona que la capacidad de compra de los trabajadores se limite a cubrir las necesidades esenciales.
Solo lo básico
“¿Y no tiene derecho a comprar otras cosas? O solo lo queremos dejar en las canastas básicas. ¿No tienen derecho a construir sus casitas? ¿No tienen derecho a mejorar su vivienda? ¿No tienen derecho a un fin de semana de vacaciones con su familia? ¿Solo a eso están destinadas las familias, a su canasta básica? O sea, eso es un comentario muy de una política intervencionista enfocada a la precariedad”, subraya.
El catedrático considera que los incrementos salariales deben analizarse como parte de la dinámica económica y no como un costo aislado.
Desde su punto de vista, limitar las alzas podría reducir las expectativas de consumo de los hogares, sin resolver necesariamente los problemas de informalidad o generación de empleo.
No son garantía
En ese sentido, rechaza que los salarios bajos sean una garantía para aumentar la contratación formal y recordó que la informalidad ha persistido incluso en períodos en los que el salario mínimo era considerablemente menor.
El doctor Rodríguez Cedillo señala que trabajadores y empresas se necesitan mutuamente, por lo que la discusión no debería centrarse únicamente en contener las remuneraciones.
“Aquí no se busca la precariedad laboral ni empresarial. Los dos se necesitan. Aquí yo creo que es una lógica de un mal diagnóstico, un mal diagnóstico empresarial y de la economía”, señala.
La propuesta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por José Medina Mora, busca abandonar el Monto Independiente de Recuperación (MIR), mecanismo que ha permitido elevar el salario mínimo por encima de la inflación, y limitar los aumentos de 2027 a la variación de los precios.
La política de recuperación salarial aplicada desde 2019 elevó el salario mínimo general de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026, un incremento nominal superior al 250 por ciento.— IVÁN CANUL EK