La segunda etapa de los “Diálogos por la Justicia Abierta” concluyó en Mérida con un llamado a mantener espacios de participación ciudadana para construir un sistema judicial más cercano, transparente e incluyente.
Irving Espinosa Betanzo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezó la clausura de este ejercicio y destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores de la sociedad y mantener un diálogo permanente para fortalecer la impartición de justicia.
“Estos espacios sirven para construir en forma conjunta la justicia que todos queremos y merecemos, porque todos debemos ser escuchados”, expresó.
Desde la Casa de los Saberes Jurídicos en Mérida, señaló que en los procesos democráticos deben tener voz las personas juzgadoras, los justiciables, los trabajadores del Poder Judicial, las comunidades indígenas y el sector empresarial.
También sostuvo que desde la SCJN existe el compromiso de consolidar una justicia incluyente y fortalecer el Estado de derecho.
Piden una justicia cercana a la sociedad
En representación del ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, Karina López Regalado, directora general de Atención y Participación Social del máximo tribunal, agradeció la participación de la comunidad jurídica, barras de abogados, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La justicia social debe construirse mediante la participación ciudadana y el Poder Judicial debe dejar atrás las prácticas en las que las decisiones se toman sin escuchar a la población, indicó.
Erika Beatriz Torres López, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, afirmó que la justicia no puede construirse de espaldas a la sociedad.
También consideró que abrir las instituciones permite eliminar barreras y generar confianza, además que la construcción de una justicia accesible y transparente requiere la participación de la academia, organizaciones civiles y la comunidad jurídica.
Asimismo, la magistrada recalcó que las características regionales y pluriculturales de cada entidad generan distintas necesidades y desafíos en el acceso a la justicia, por lo que es necesario escuchar a quienes conocen esas realidades.
Siete mesas de trabajo en Yucatán
Durante la jornada en Mérida se desarrollaron siete mesas de trabajo en las que se abordaron distintos temas relacionados con la impartición de justicia:
Avances, desafíos y perspectivas del nuevo sistema de justicia laboral, justicia indígena y ambiental, desafíos de la gestión judicial, valoración de datos de prueba para el dictado del auto de vinculación a proceso, justicia alternativa, mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) e interés superior de la niñez en materia de pensión alimenticia y convivencias.
En el encuentro participaron representantes de distintos órganos judiciales y autoridades estatales, entre ellos José Alberto Gallegos Ramírez, integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial; Rafael Rodríguez Méndez, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán, y María Elena Achach Asaf, presidenta del Tribunal Electoral del Estado.
Diálogos recorrieron 11 estados
Los “Diálogos por la Justicia Abierta” fueron impulsados por Aguilar Ortiz, con el propósito de fortalecer la relación entre el Poder Judicial y la comunidad jurídica.
En sus dos etapas, la iniciativa llegó a Veracruz, Querétaro, Quintana Roo, Oaxaca, Baja California, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Durango, Chiapas y Yucatán.
De acuerdo con la información presentada durante la clausura, se realizaron 62 mesas de trabajo con la participación de mil 900 personas, quienes compartieron experiencias e identificaron necesidades, desafíos y oportunidades para mejorar la impartición de justicia en sus respectivas regiones.— Megamedia
De un vistazo
Diálogos
Los “Diálogos por la Justicia Abierta” fueron impulsados por Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN.
Mesas de trabajo
En sus dos etapas, la iniciativa llegó a Veracruz, Querétaro, Quintana Roo, Oaxaca, Baja California, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Durango, Chiapas y Yucatán. Se realizaron 62 mesas de trabajo.