“La revictimizó la autoridad que debía protegerla”
“Mal quedaron los jueces y juezas, ya que con este caso se evidenció la falta de conocimiento necesario para procesar casos de víctimas de violencia de género. Esto también deja mal a Yucatán, cuna del feminismo en México”, expresó ayer Gina Villagómez Valdez, investigadora social de la Uady, al opinar sobre la liberación del “karateca” que agredió a su exnovia Andrea.
La también catedrática de la Uady señaló que Andrea aceptó un acuerdo de reparación del daño a propuesta de las autoridades encargadas de impartir justicia. “¿Por qué le ofrecen este acuerdo a la víctima? De entrada, es preciso señalar que los magistrados y magistradas que intervinieron en el proceso han sido un obstáculo para lograr la justicia en este caso”, indicó.
“Lo que la sociedad no llega a comprender es que esta joven ha sido agredida por su pareja y posteriormente ha sido revictimizada por las autoridades encargadas de sancionar al agresor como establece la ley. Esto se llama violencia institucional. Al no procesar debidamente a un delincuente no cumplen con su obligación, contribuyendo con ello a dañar nuevamente a las víctimas”, puntualizó.
Ayer informamos que Christian J.C.D., quien el 7 de noviembre de 2018 amarró y agredió con los pies, una tabla y un martillo a su exnovia, en una vivienda de la colonia Benito Juárez Norte, logró la suspensión del juicio en su contra, al aceptar la parte demandante una reparación del daño, que consiste en el pago de 300 mil pesos en seis pagos de a 50 mil pesos, siendo el primero el próximo martes 26 del presente mes.
La investigadora recordó que Andrea fue brutalmente golpeada por su novio durante más de una hora, estuvo varias semanas hospitalizada y el agresor es un karateca, es decir, sabía dónde y cómo golpear para causar daño en la víctima.
“Pero Andrea no solo fue víctima de la violencia de su pareja, sino que enfrentó violencia institucional debido a la dificultad legal de configurar el delito de feminicidio en grado de tentativa, lo que la llevó a afrontar un proceso penal difícil y doloroso donde se quiso exonerar al agresor al reclasificar el delito como lesiones calificadas y violencia familiar. El proceso ha sido desgastante para ella y su familia”, explicó.
Gina Villagómez comentó que Andrea también ha sido objeto de cuestionamiento, incluso de la sociedad, llegando a culparla por mantener una relación tormentosa con el agresor.
“No entienden que para una mujer víctima de violencia es muy difícil salir del control del agresor, en estas relaciones tóxicas suele haber dependencia emocional, enamoramiento, miedo e incluso odio, pero se convierte en un círculo difícil de romper. Ahora también será cuestionada por no seguir la lucha, pero debemos respetar su decisión. No estamos en sus zapatos”, precisó.
Recordó que los magistrados y magistradas encargadas del caso se negaron a clasificar el delito como feminicidio en grado de tentativa, “esto refleja que este juicio no incorporó perspectiva de género en el proceso, lo que a su vez denota falta de capacitación sobre esta perspectiva en la instancia responsable del velar por los intereses de las mujeres víctimas de violencia de género en Yucatán”.
“Con el argumento de que las agresiones propinadas a Andrea por más de una hora, por su novio experto en artes marciales, no pusieron en peligro su vida, expusieron que no puede clasificarse como feminicidio en grado de tentativa, lo cual derivó en la propuesta de considerarlo como delito menor”, dijo.
En su opinión, el proceso estuvo lleno de inconsistencias que desgastaron emocionalmente a la víctima, “la justicia le falló a Andrea”, y este es uno más de los casos que no logran el objetivo de cumplir con el derecho humano a la justicia que toda víctima merece en Yucatán.
“En nuestro país existe el derecho de la víctima a obtener la reparación del daño en el sistema de procesamiento penal vigente, esta reparación ha sido modificada y ampliada en las últimas reformas constitucionales, en materia penal es considerada una pena pública impuesta al imputado, hoy es un derecho humano en favor de la víctima del delito”, citó.
La investigadora mencionó que la reparación del daño es el derecho al resarcimiento económico y emocional a quien ha sufrido un menoscabo en su persona o patrimonio por acto ilícito o delito, en este caso, el feminicidio en grado de tentativa fue desechado porque, se dijo, no se comprobó que el agresor quería matarla ni puso en riesgo su vida, lo que a todas luces pudo descartarse por la gravedad de lesiones recibidas.
“Si eso no fue delito grave y lo reclasificaron como delito menor, las autoridades responsables del proceso se convierten en agresoras que revictimizan a la mujer”, afirmó.
La reparación del daño considera un arreglo económico para la víctima, continuó la entrevistada, pero no solo eso, también implica la reparación del daño emocional que la joven tiene como producto, no solo del agresor, sino del proceso legal que atravesó.
Gina Villagómez agregó que esta reparación tiene varios aspectos más, pero después de tener esta experiencia, la víctima, desde su punto de vista, se ve obligada a aceptar un arreglo para salir del infierno que ha significado este proceso, lo que no logrará fácilmente porque durante años cargará con el miedo al riesgo de volver a ser violentada por el sujeto (síndrome de shock postraumático).
“No faltará quien la juzgue por aceptar un ‘arreglo económico’ y convierta a la víctima en ‘una mujer ambiciosa que hasta ganó dinero’ con esto, quien así se refiera a ella no tiene idea de lo que implica tratar de salir de un sistema de impartición de justicia fallido y de un agresor que le arruinó la vida para siempre”, afirmó.
La investigadora advierte que, con este caso se verá si el proceso de reparación del daño llega a buen término, porque eso implica reinsertar a la víctima a una vida libre y recuperada, y aquí se solicita el acompañamiento de la Ceav (Centro de Atención a Víctimas), donde —no duda— lograrán hacer más por Andrea de lo que hicieron los magistrados y magistradas implicados en su proceso penal.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA
De un vistazo
No a la revictimización
“Suplicaría dejar de revictimizar social y mediáticamente a Andrea. Si ya tomó esa decisión después de la lucha penal, debemos respetarla y acompañarla en su reincorporación a una nueva vida. Un agresor más se salió con la suya, las mujeres volvimos a perder un caso. El agresor quedará libre, y eso es una derrota para nuestro género”, dijo Gina Villagómez.