La entidad sale en defensa de la energía renovable
El gobierno del estado anunció ayer la defensa de las inversiones en proyectos de energía renovable en Yucatán y para ello acudirá a las instancias federales correspondientes para que clarifiquen la situación generada por la nueva normatividad que regula la electricidad en el país.
En voz del subsecretario de Energía de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Juan Carlos Vega Milke, el gobierno estatal considera que el nuevo acuerdo que publicó la Secretaría de Energía crea un clima de inseguridad en el sector de energías renovables del estado, por esta razón, pedirá a las instancias que corresponda proporcione certeza jurídica a las inversiones y que mantenga la libre competitividad de dichos proyectos con diversas fuentes de energía, como lo son las energías renovables que contribuyen a proporcionar dentro de la adecuada normatividad beneficios ambientales y económicos al estado.
Vega Milke dijo que el acuerdo que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado por la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de mayo pasado, ha creado un clima de inseguridad referente a los proyectos de energía renovable programados en Yucatán y ponen en riesgo la continuidad de su desarrollo y con ello también pone en riesgo la llegada de beneficios a la entidad y a la península.
“Está claro que este acuerdo representa un ataque frontal a la certeza jurídica de estas inversiones en Yucatán y causa graves consecuencias como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República”, precisó el subsecretario. “Todos esos proyectos representan inversiones por más de 30,000 millones de dólares y Yucatán es un actor importante en las energías limpias”.
Además precisó que al día de hoy Yucatán cuenta con 4 parques de energías renovables en operación y un parque eólico está listo para comenzar sus pruebas de interconexión al SEN, además, hay 20 permisos adicionales de proyectos para la generación de energía limpia, que en su conjunto representan una inversión global de $4,500 millones y la creación de poco más de 12 mil empleos.—JCC
La Comisión Federal de Electricidad tampoco se quedó callada contra los empresarios que promovieron sendos amparos contra dicho acuerdo porque su vocero Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa de la empresa gubernamental, difundió a la prensa nacional un comunicado donde critica y descalifica los argumentos de los jueces federales que otorgaron la suspensión provisional de los actos que reclaman a la CFE para que no aplique dicha normativa.
Bravo Navarro, según el comunicado que envió al reportero la vocera de la División Peninsular de CFE, informó que al conceder la suspensión, los juzgadores federales antepusieron el interés individual sobre el interés general de la población, concretado en el derecho humano a la vida digna, del que forma parte indubitable el acceso a la electricidad. Asimismo, soslayaron la circunstancia de que el acuerdo tiene como propósito fundamental el aseguramiento de la salud y la vida de las personas mediante el funcionamiento ininterrumpido del servicio de electricidad en clínicas y hospitales Covid-19. Y en virtud de esas graves y delicadas irregularidades jurídicas, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) interpuso un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno contra los jueces que concedieron la suspensión provisional a los empresarios.