”Consulta ilegal”
Trabajadores académicos de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) alertan sobre una consulta que se pretende hacer en forma irregular para avalar un descuento al salario del personal para el pago de servicio médico.
Esa consulta, indican, fue aprobada por la Asociación de Personal Académico de la Uady (Apauady) y se pretende realizarla el próximo sábado 17 pasando por alto la Ley Federal del Trabajo, con el ánimo de satisfacer una petición de la rectoría.
De acuerdo con el Sindicato de Personal Académico de la Uady (Sipauady), la consulta será virtual y es propicia para la manipulación. El propósito es la modificación de la Cláusula 87 del Contrato Colectivo de Trabajo, para que se pueda descontar a los trabajadores académicos activos y jubilados el 3% sobre su salario tabulado más antigüedad que les corresponda.
“Los trabajadores académicos han reiterado su intención de colaborar con lo necesario para solventar el servicio médico, pero no están dispuestos a hacerlo de manera incondicional, no lo aceptarán si primero no se hacen ajustes a los excesivos sobresueldos de los directivos y se hace eficiente el manejo de los recursos”, señala Luis Aldana Burgos, secretario general de Sipauady. “No lo aceptarán si no hay transparencia en el manejo financiero de la Uady”.
Señala que para los trabajadores académicos es importante que la universidad sea un modelo y ejemplo de buen manejo financiero y de transparencia. “No podemos seguir solapando el ocultamiento de la información, la mentira y el incumplimiento y la interpretación dolosa de las leyes. No se debe seguir confundiendo el concepto de autonomía para educar, investigar y difundir la cultura con la libertad de ejercer los recursos públicos al antojo de las autoridades”.
El dirigente detalla algunos antecedentes del caso:
—En agosto pasado, en respuesta a un oficio del director general de Finanzas de la Uady, Manuel Escoffié Aguilar, Apauady convocó a sus delegados a una reunión en la cual se discutiría y aprobaría una serie de “acuerdos temporales” para la realización de asambleas consultivas, sobre la modificación propuesta a la cláusula 87.
—Previamente, el 25 de agosto, el contador Escoffié Aguilar envió un oficio a Juan Pech Chan, secretario general de Apauady, en el cual le exige la realización de los procesos internos de dicho sindicato para aprobar la aportación del 3% del salario base más antigüedad de los trabajadores académicos para su seguridad social. También le reclama por la tardanza en responder a la exigencia de la Uady para autorizar dicha aportación, recalcando los “esfuerzos de la universidad para mantener el servicio médico que brinda a los trabajadores ante los recortes presupuestales sufridos por parte de las autoridades federales y estatales, y que ha llevado a la Uady a trabajar con déficit presupuestal en los últimos tres años”.
—En el mismo oficio, Escoffié Aguilar resalta las supuestas restricciones en las prestaciones que se han aplicado al personal directivo, mandos medios y personal de confianza, así como los planes de austeridad establecidos, y amenaza con tomar las medidas que sean necesarias para hacer frente a la situación financiera de la universidad. Instruye al secretario general a hacer lo necesario para formalizar la modificación de la cláusula 87 del Contrato Colectivo.
—No prosperó la asamblea del 28 de agosto de Apauady y se convocó a una nueva el 2 de septiembre. Tampoco prosperó y finalmente se realizó otra el 28 de septiembre, en la cual se acordaron los detalles faltantes.
—El 1 de octubre se publicó la convocatoria para la consulta a los afiliados a la Apauady, para que manifiesten mediante el voto si están de acuerdo con la modificación de la cláusula 87 del Contrato Colectivo. Se avisó que la consulta se hará el 17 de octubre.
—La Ley Federal de Trabajo impone una consulta a todos los trabajadores cubiertos por el Contrato Colectivo, por medio del voto personal, libre y secreto.
—De acuerdo con las disposiciones, debería verificar la consulta el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo que sustituirá a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto federal como locales, en mayo de 2021.
—Al no estar operando en Yucatán el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y al estar vigentes las medidas de distanciamiento social dictadas por el gobierno del Estado que impiden la realización de las asambleas presenciales, por mayoría de votos de los delegados —15 contra 4— se aprobó una serie de medidas ajenas a lo dispuesto por la ley para la realización de la consulta. Las llamaron “acciones sustitutivas extraordinarias para el cumplimiento del procedimiento marcado por la ley”.
—Entre las medidas adoptadas figura una consulta “preponderantemente virtual” y con la participación única de los afiliados a la Apauady, negando el derecho a quienes no pertenecen a ese sindicato. La Ley Federal del Trabajo establece que se debe consultar a todos los trabajadores cubiertos por el Contrato Colectivo, pertenezcan o no al sindicato firmante.
—También se aprobó que la consulta será vigilada y sancionada por la Comisión Electoral del sindicato, integrada por miembros de la directiva sindical que, a su vez, son los principales promotores de la consulta y del voto a favor para aprobar los cambios a la cláusula 87. Son juez y parte, lo cual atenta contra la ley y el principio de imparcialidad.
—Otro acuerdo apunta a incumplir los requisitos legales de difusión de la convocatoria para la consulta y la firma de aprobación de la mayoría de los trabajadores consultados, supliendo este último caso con la presencia de un notario público y la firma de los miembros de la Comisión Electoral. Es decir, la Comisión Electoral y el notario público sustituirán a todos los votantes para la firma del acta de todo lo sucedido durante la consulta.
—Los trabajadores académicos no afiliados a Apauady (que son mayoría, alrededor de 1,500 contra 570 afiliados) han iniciado una serie de acciones para la cancelación de la consulta y sus efectos, así como para promover el voto contra la aprobación de los cambios al Contrato Colectivo, en caso de no lograr frenar la consulta.
—El viernes 9 pasado presentaron escritos ante la Secretaría General de Gobierno y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para ponerlos sobre aviso de la realización de la consulta de Apauady y pedirles que, en cumplimento de la Ley Federal de Trabajo, se avoquen a verificar el procedimiento advertido en la convocatoria de fecha 1 de octubre, así como de los acuerdos y documentos complementarios a la misma. Piden que, de comprobarse el incumplimiento de la ley, se declare nulo dicho procedimiento para la consulta.
—Sin ningún problema se pudo entregar el escrito en la Secretaría General de Gobierno, donde incluso se manifestó el compromiso de analizar la solicitud y de tratar de responder a la brevedad posible.
—El segundo escrito se debió presentar ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, órgano de gobierno que tiene como principal propósito la vigilancia del estricto cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo.
—En la Junta no se permite el acceso al público y se colocaron dos mesas de recepción de documentos en el exterior del edificio para evitar el acceso. Al notar que el escrito de los trabajadores no afiliados a Apauady está relacionado con la universidad se pidió al representante de aquéllos que esperara unos minutos mientras se avisaba a algún superior para pedir “la autorización para recibir la solicitud”.
—Finalmente, el superior jerárquico informó que no era posible recibir el escrito y que tendrían que esperar hasta el 28 de noviembre próximo para entregarlo.
—Esta acción es interpretada por los inconformes como una clara muestra de una intención pactada entre la Junta, las autoridades universitarias y Apauady para impedir u obstaculizar el proceso legal que pretenden iniciar.
“Es una táctica usada repetidamente para evitar que prosperen los procesos administrativos promovidos por los trabajadores. Anteriormente, la misma Junta alteró nuestro expediente, donde solicitamos el registro de un nuevo sindicato de académicos, al sacar de la manga un acuerdo fechado con un mes de anticipación, aprovechando que no acostumbran usar número de folio para sus acuerdos, para alegar que no cumplimos en tiempo con los requerimientos legales”, señala el presidente de Sipauady.
“Hemos tenido que recurrir a la abogada María Fritz, secretaria general de Gobierno, para pedir que haga las gestiones necesarias ante su subordinado y que nos reciban el escrito, en cumplimento de nuestros derechos constitucionales y de la obligación de la Junta de recibir y sellar nuestra solicitud”.
“Ninguna asamblea sindical puede modificar los procedimientos que marca la ley”, enfatiza Luis Aldana.— ÁNGEL NOH ESTRADA
Consulta en proceso Motivos de un rechazo
Personal no afiliado a Apauady inició medidas contra una consulta del próximo sábado.
Uno sí, otro no
Dirigentes del Sindicato de Personal Académico (Sipauady) entregaron un escrito en la Secretaría General de Gobierno donde exponen la ilegalidad del proceso. Intentaron hacer lo mismo en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero no les aceptaron el oficio. Les dijeron que podrán entregarlo el 28 de noviembre, o sea, más de un mes después de la fecha programada para la consulta, que será virtual.
En saco roto
Representantes del sindicato recuerdan que han presentado a la rectoría opciones para sanear las finanzas de la Uady, eliminando excesos y dispendios, sin tener que recurrir a descuentos para el servicio médico. No hay respuesta.