Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y apoderado legal de Alejandro Gertz Manero, fiscal general a cargo de la investigación del exfuncionario (Notimex)
Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y apoderado legal de Alejandro Gertz Manero, fiscal general a cargo de la investigación del exfuncionario (Notimex)

MÉXICO.- Los abogados que defienden a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), son los apoderados legales de Alejandro Gertz Manero, fiscal general a cargo de investigar al exfuncionario.

El extitular de la empresa petrolera se encuentra prófugo y se le acusan por lavado de dinero y actos de corrupción.

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De acuerdo con una investigación de “Animal Político” y “Quinto Elemento Lab”, se trata de los litigantes Javier Coello Trejo y su hijo Javier Coello Zuarth.

Poder de denuncia

En 2015 Gertz Manero les otorgó un amplio poder para presentar a su nombre una denuncia penal “e investigar el deterioro de salud y posterior muerte de su hermano Federico, quien falleció a los 82 años de edad”.

Según el fiscal, la presunta responsable de esa muerte es su pareja, Laura Morán Servín, de 92 años, por no haber cuidado bien a su hermano. La mujer es abuela de la esposa de Alfredo del Mazo, hoy gobernador del Estado de México.

En 2017 Emilio Lozoya contrató a esos abogados cuando estalló el escándalo de Odebrecht y se difundió que tres altos exejecutivos brasileños sobornaron al exdirector de Pemex.

Especialistas y exfuncionarios consultados por los medios citados explican que esa relación entre los abogados Coello y el fiscal debió transparentarse para prevenir un aparente conflicto de interés.

No ven impedimentos

A la par, se explicó que un apoderado legal tiene más facultades que las de un abogado.

Con el poder que el fiscal le otorgó, se indicó, Coello puede realizar diversos procedimientos penales en nombre de Gertz Moreno, incluidos juicios y procesos de cobro. 

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Entrevistado, el fiscal descartó que la relación con Coello Trejo represente un conflicto de interés.

Esto pese a que él decidió no hacer público este vínculo en la declaración. Por ley, los funcionarios deben plasmar los intereses contraídos al asumir el cargo.

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