MONTERREY.- Este mes cerrarán el viejo penal del Topo Chico, uno de los más violentos y tenebrosos de México, y se convertirá en sede del Archivo Histórico de Nuevo León.
Según anunciaron autoridades estatales, este sitio seguirá los pasos de la cárcel de Lecumberri, de negra historia y que funcionó la mayor parte del siglo XX en Ciudad de México. Desde 1976 es Archivo General de la Nación.
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El secretario de Gobierno de Nuevo León, Manuel González Flores, informó hace unos días que el 30 de septiembre la prisión del Topo Chico dejará de albergar reos.
Dicha cárcel es protagonista de uno de los motines más sangrientos de la historia de México, con 49 muertos en 2016.
Traslado de reos
Desde la semana pasada, autoridades penitenciarias iniciaron traslados de internos del Topo Chico y otros dos penales a centros federales de reclusión en Oaxaca y Chiapas, en el sur de México.
“Se han realizado 1,323 traslados de internos en los Centros de Reinserción Social del estado. Esto ha permitido eliminar los autogobiernos de las cárceles“, informó el gobierno estatal.
González señaló que con la ampliación de los penales de Cadereyta y Apodaca se contará con 10,000 espacios en esas prisiones, “suficientes para dar cabida a los 6,600 internos que conforman la población actual”.
El secretario general de Gobierno especificó que construyendo 350 celdas, la población que pueden albergar “nos lleva a números insospechados”.
Disturbios y narcos
El penal del Topo Chico se inauguró en 1943 y debido al crecimiento de la ciudad se ubicó en la periferia del primer cuadro de Monterrey.
En los últimos tres años fue escenario de múltiples riñas y en diversas ocasiones los reos se han amotinado para denunciar la complicidad de las autoridades carcelarias con integrantes del crimen organizado que controlan el penal.
Una de las masacres dejó 49 fallecidos y se considera la más grave del país en la última década. Ocurrió en febrero del 2016, cuando dos bandos de “Los Zetas” se disputaron el control del Topo Chico.
La riña provocó que se incendiara la cocina, la bodega de víveres y otros puntos del penal.
En el primer motín fallecieron 49 internos y 34 más resultaron heridos. Una segunda reyerta en junio de ese año dejó tres muertos y 21 lesionados.
Según un informe publicado ese año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la sobrepoblación, el hacinamiento, el autogobierno y la falta de personal en Topo Chico llevaron a esta trágica situación.
Además, la CNDH detectó privilegios con celdas de lujo equipadas con pantallas e incluso saunas, objetos y sustancias prohibidas.
Igual la ausencia de protocolos para la prevención, manejo y control de motines y otros hechos violentos.
En marzo de 2019, una protesta por el traslado de unos 500 presos dejó un muerto y una treintena de heridos.
Lucha por el poder
“Los Zetas” mostraron el control que mantenían sobre el Topo Chico desde 2010, pues antes disputaban el control del Cártel del Golfo.
Para mostrar su poder dentro de la prisión, el 31 de diciembre de 2010 sicarios sacaron a la presa Gabriela Muñiz Tamez, “La Pelirroja”, y la colgaron en un puente peatonal de una importante avenida de Monterrey debido a que era la novia de un capo del grupo rival, el Cártel del Golfo.
El grupo obtenía en la prisión suculentas cantidades de dinero por el cobro de cuotas, venta de droga y otros negocios, según informes oficiales.
“A cada nuevo interno le exigen una cuota para no ser golpeado o asesinado, monto que en promedio va desde los 1,500 pesos semanales y hasta 50,000 mensuales”, aseguró Consuelo Morales, directora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.
La organización comenzó a defender los derechos de los reos desde 1997 y abandonó esa labor en 2010 debido al peligro que representó para ellos el autogobierno de “Los Zetas”.
“Estamos de acuerdo con que la cárcel del Topo Chico no tiene condiciones para que los internos vivan con dignidad. Esto es evidente, lo hemos visto desde hace tiempo”, mencionó.
Panorama de inseguridad
En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, la CNDH identificó que el número de homicidios en las cárceles mexicanas bajó de 108 registrados en 2017 a 31 en 2018, un 71.3%.
Asimismo, se registraron más de 800 riñas y cuatro motines, y se documentaron 258 abusos, en su mayoría producidos por autoridades del centro.
En 34% de los centros estatales -como el del Topo Chico– persiste la sobrepoblación y en 44% el hacinamiento en celdas.
Finalmente, el 50% de los centros se observaron deficientes condiciones materiales y de higiene del área médica.