Analizan efectos de las reformas a la ley energética
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo federal para modificar la Ley de la Industria Eléctrica busca concentrar la generación de energía para consumo nacional en la CFE y relega la inversión privada y el uso de energías limpias, en detrimento de la calidad de vida de las y los mexicanos, señala “México ¿cómo vamos?” en un estudio.
A través de un comunicado, la organización afirma que la iniciativa le otorga una posición monopólica a la CFE, empresa del gobierno, que históricamente no ha invertido en infraestructura pero menos aún en esta administración. Por ejemplo, el gasto en inversión (como proporción del gasto neto total) de la paraestatal en los últimos tres sexenios era 10% en promedio, mientras que en los dos años de AMLO esta proporción bajó a 7%.
“La iniciativa deteriora el panorama de las familias mexicanas, ya que la inversión es uno de los motores más importantes del crecimiento económico”, señala el organismo en su comunicado
El año pasado, congresistas norteamericanos reclamaron violaciones a los términos del T-MEC en el sector energético, acusando a México de beneficiar a Pemex y CFE indebidamente, noción que resuena en la exposición de motivos de la nueva iniciativa del Ejecutivo.
“México ¿cómo vamos?” explica que “al eliminar el Mercado Eléctrico mayorista, el gobierno estaría comprando la energía más cara. Ejemplo de ello es que la CFE aumentó el costo del megawatt/ hora en 22% durante el primer semestre de 2020 respecto al primer semestre de 2019, cuando dependía menos del carbón para generar energía, según la CRE”.
“Esto implica necesariamente que el propio gobierno ya está pagando más por energía más cara y por el mantenimiento de los subsidios que las familias mexicanas reciben por su consumo. Es decir, un mayor costo de la energía eléctrica deteriora por partida doble las finanzas públicas del país, en un momento en el que cualquier ejercicio de recursos adicional debiera destinarse a atender los efectos de la pandemia del Covid-19”, señala el organismo.
En México ¿cómo vamos? mencionan que con esta iniciativa el gobierno federal vuelve a atentar contra el Estado de Derecho y la certeza jurídica de la inversión nacional e internacional, tanto en el sector eléctrico y en el país. Conscientes de la importancia de la certeza jurídica y el Estado de Derecho para las inversiones en el país, así como de eficientar el gasto público en un momento áspero para la economía nacional.
Por último, la organización no gubernamental hizo un llamado en su comunicado a legisladores de todos los partidos a analizar las implicaciones que esta iniciativa tendrá en el presupuesto federal de 2021.