CIUDAD DE MÉXICO.— La Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (Incam) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos “amicus curiae” sobre las afectaciones que en diversos ámbitos trae consigo la publicación y entrada en vigor de llamado plan b electoral.
Las tres organizaciones muestran con esta acción su confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución conforme a Derecho, y por ello aportan argumentos técnicos relevantes y opiniones jurídicas sólidas para que puedan ser tomados en cuenta por el Máximo Tribunal en el análisis y deliberación que se deberá realizar antes de dictar su resolución sobre los distintos medios de control que han sido presentados y que buscan declarar la inconstitucionalidad de las reformas aprobadas.
Con una perspectiva jurídica-ciudadana, entre otras cosas, los amicus curiae destacan las graves infracciones al procedimiento legislativo, principalmente en lo relativo a la discusión y aprobación de las distintas iniciativas que forman parte de las reformas electorales.
Los escritos precisan, además, que el trámite de aprobación de ambos decretos fue atropellado, antidemocrático y violentó el orden constitucional al quebrantar las fases del proceso legislativo y anular la deliberación democrática. “Se menospreciaron los avances del derecho parlamentario que garantizan los derechos de las minorías que mantienen las garantías democráticas del futuro”, se asegura en uno de ellos. Además, se explica que aun cuando el plan A (es decir la reforma constitucional) fue rechazado por el Congreso, el gobierno federal le dio la vuelta a través de los cambios a las leyes secundarias —lo que conocemos como el plan b— que es en sí un desafío directo al orden constitucional y representaría el acto de imposición más serio en la historia reciente de nuestro país.
“Un desafío grave, claro y directo del gobierno hacia las instituciones que tienen origen ciudadano”.
Otro de los argumentos presentados se refiere a las violaciones a la autonomía constitucional, pues la reforma ordena decisiones que corresponden solo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), y no al Poder Legislativo.
Adicionalmente, aborda la perspectiva de los costos del sistema electoral y advierte que los ahorros son inciertos, por lo que los argumentos de la exposición de motivos de la reforma adolece de un estudio serio que permita cuantificarlos de forma real. Por ello, la desaparición de áreas o la contratación de terceros no necesariamente tienen como resultado la optimización de los recursos.
Dado que las juntas distritales y locales son las que organizan las elecciones y controlan la integridad de los procesos, poner en manos de trabajadores eventuales estas tareas implica un rompimiento con el principio constitucional de certeza jurídica. “La logística de la elección está en riesgo. Supone un retroceso a la confianza ciudadana que detonará problemas entre dirigencias políticas”.
En cuanto al voto de mexicanos en el extranjero, la reforma plantea que sea el Poder Ejecutivo —y no el INE— quien, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, maneje el padrón respectivo en los procesos electorales mediante un proceso de credencialización.
El escrito explica que abrir la posibilidad de aceptar el pasaporte como una identificación sustituta para votar debilita el control de las listas nominales, aunado a que la reforma electoral no establece aspectos clave para la recepción de votos en los consulados.