Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) asestó un nuevo golpe a la Fiscalía General de la República (FGR) al recuperar una millonaria mansión, que según la dependencia habría adquirido con sobornos que recibió por la compra de la planta Agronitrogenados en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En este nuevo revés para para la Fiscalía, Lozoya logra retener una lujosa propiedad valuada en más de 38 millones de pesos.
Caso Lozoya: ¿dónde está la millonaria mansión?
La decisión fue de la jueza Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, Ana Lilia Osorno Arroyo, quien declaró improcedente el recurso legal presentado por la FGR para arrebatar definitivamente al exfuncionario la mansión ubicada al poniente de la Ciudad de México.
La lujosa residencia se localiza en la calle Ladera número 20, del fraccionamiento Lomas de Bezares, de acuerdo con Emeequis, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Y es que la Fiscalía sostenía que la residencia de 1 mil 165 metros cuadrados fue adquirida por el exfuncionario con presuntos sobornos que recibió por la compra de la planta Agronitrogenados.
¿Cuándo fue incautada la residencia de Emilio Lozoya?
Dicha mansión fue asegurada en mayo de 2019, de manera preventiva y ya en noviembre de 2021 se iniciaron las gestiones ante el Poder Judicial para que fuera entregada al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De tal modo que la Jueza resolvió que los fiscales se equivocaron al solicitar el cambio de dueño del lujoso inmueble dado que usaron un recurso legal que no estaba vigente en el momento en el que ocurrieron los hechos delictivos.
El exdirector de Pemex negó que la compra del inmueble se haya adquirido con recursos ilícitos; sin embargo, fue acusado penalmente.
Pero, Emeequis señala que en septiembre pasado un juez canceló el proceso penal contra Lozoya al considerar que el daño ya estaba siendo reparado.
Se detalla que con independencia del proceso penal, el aseguramiento definitivo de la residencia requería un procedimiento por separado, conocido como juicio de extinción de dominio, y bajo términos diferentes a los planteados por la Fiscalía.