CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Los expertos que investigan la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 denuncian que el Ejército mexicano ofrece datos falsos, mueve documentación para evitar su rastreo y oculta evidencia sobre el caso pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió varias veces a la Secretaría de Defensa que colabore.
Hay “agujeros negros donde la información desaparece” y órdenes de dar respuestas previamente “acordadas” que no responden a la realidad ante las preguntas de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció uno de los integrantes del grupo, Carlos Beristain, junto a su colega Ángela Buitrago, al presentar ayer viernes un nuevo informe del caso.
Los expertos de la CIDH llevan investigando el llamado caso Ayotzinapa desde 2015 y urgieron a que se faciliten detalles sobre operativos de la Secretaría de la Marina que tuvieron lugar durante más de un mes justo después de la desaparición de los jóvenes y se mantuvieron en “secreto”. Además, anunciaron el hallazgo de un nuevo lugar con restos humanos no calcinados que fueron enviados a analizar para ver si pertenecen o no a los estudiantes.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a los que no se volvió a ver más, con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y de miembros del crimen organizado.
Miembros de las Fuerzas Armadas participaron directamente en los hechos y funcionarios de todos los niveles ayudaron a ocultar información, según la Fiscalía del actual gobierno.
Los expertos informaron ayer que, además, hubo miembros del Centro Nacional de Inteligencia en los distintos escenarios de los hechos que no fueron investigados. También denunciaron el gran temor que existe para que nuevos testigos aporten información.
El móvil sigue sin estar claro pero se ha afianzado la idea de que está vinculado con el tráfico de heroína de un cártel que operaba en colusión con autoridades locales y presuntamente también con militares, según informes que llegan de la colaboración de México con autoridades de los Estados Unidos.
Sólo se identificaron restos calcinados de tres estudiantes, algunos localizados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), aunque tanto los expertos como la actual Fiscalía determinaron que fue falso lo que se afirmó entonces —basándose en declaraciones de detenidos que, según la investigación, fueron torturados— que los delincuentes incineraron los 43 cuerpos en un basurero la misma noche del ataque y tiraron sus restos a un río cercano.
Todavía se desconoce qué fue lo que realmente pasó en este “crimen de Estado”, como lo ha calificado el gobierno actual, una de las mayores violaciones a los derechos humanos ocurridas en la historia reciente de México. Sí se sabe que los criminales hicieron desaparecer a los estudiantes en grupos y que la inteligencia militar monitoreó todos los hechos en tiempo real, entre otras razones, porque había soldados infiltrados entre los estudiantes.
Vivos algunos días
También se descubrió el año pasado que algunos de los alumnos permanecieron vivos al menos algunos días después del 26 de septiembre, aunque toda la evidencia apunta a que en algún momento fueron asesinados.