WASHINGTON.— Tras situar los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias, el narcotráfico, la violencia de género y la violencia contra el colectivo LGTBIQ+ como algunos de los principales problemas de México en materia humanitaria, Estados Unidos denunció en su informe anual de derechos humanos que el gobierno federal dejó sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales ocurridos en 2023.
La publicación concluye que no ha habido “cambios significativos” en la situación de derechos humanos en México y específica que, en muchas partes del país las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando con disimulo y tolerancia de las autoridades locales.
De hecho, organizaciones internacionales y medios de comunicación informaron de casos de persecución a migrantes y solicitantes de asilo por parte de grupos delictivos, y en algunos casos también por parte de la policía, funcionarios de inmigración y agentes de las aduanas.
Ataque hacia los periodistas
Por otro lado, el informe destaca que la libertad de expresión padece “serias restricciones” en el país porque durante el año continuó “el descrédito oficial” a los periodistas, ya que diferentes políticos, entre los que se incluye al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, los desacreditaron y criticaron públicamente llamándolos “parciales, partidistas y corruptos”.
Las acusaciones de abusos sexuales cometidos por las autoridades durante detenciones y encarcelamientos es otro de los temas expuestos en el texto, en el que se resalta el hecho de que el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres cuente con nuevas directrices desde marzo de 2023.
Aunque el reporte puntualiza que, en general, el Gobierno tomó medidas para “identificar y castigar” a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos, también recoge las denuncias de algunas ONG que trabajan en el terreno y que aseguran descréditos a su trabajo de parte de autoridades mexicanas.
Un caso positivo
Una de las alabanzas que recoge el informe es la detención por parte de las autoridades del exdirector de la Policía Judicial de Puebla Adolfo Karam, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho, por poner al descubierto en 2005 el involucramiento de Mario Marín, exgobernador de dicho estado, en una red de trata sexual de menores.