CIUDAD DE MÉXICO.- La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que actualmente se discute en el Congreso de la Unión genera una profunda preocupación en el sector industrial, advierte la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).
La organización, que representa a más de 35 mil afiliados en todo el país, señala que las modificaciones planteadas limitan derechos fundamentales, reducen la certeza jurídica.
Ley de amparo afectaría la competitividad: Canacintra
Asimismo, podrían frenar la inversión, además de poner en riesgo la competitividad de las empresas mexicanas.
En su posicionamiento, la agrupación empresarial reconoce la intención del Ejecutivo Federal de agilizar los procesos judiciales.
Sin embargo, subraya que varios componentes de la propuesta contienen riesgos graves que afectarían la confianza de los inversionistas.
Ante tal incertidumbre la cámara ha enviado un comunicado en donde se presentan varios puntos en donde se expresan dichas preocupaciones.
Pronunciamiento de Canacintra ante la Ley de Amparo
La Canacintra, en representación de sus 35,000 afiliados, 76 delegaciones y 104 ramas industriales en todo el país, manifiesta su preocupación por diversos aspectos de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo actualmente en discusión en el Congreso de la Unión.
Reconocemos la intención del Ejecutivo Federal de agilizar procesos y sancionar dilaciones en la justicia.
Sin embargo, consideramos que algunos de los componentes de la propuesta podrían tener consecuencias negativas para la seguridad jurídica de la industria nacional:
Canacintra destaca ciertos puntos
Redefinición del interés legítimo: La iniciativa limita el interés legítimo a quienes acrediten una “lesión jurídica real, actual y diferenciada”.
Esto restringe la defensa de derechos colectivos y dificulta que cámaras empresariales u organizaciones puedan proteger normas de interés común.
Por ejemplo, en materia ambiental o de competencia. Expertos advierten que esta definición “entorpece la admisión de amparos” y excluye a actores que tradicionalmente han defendido a comunidades y sectores completos.
Limitación de las suspensiones provisionales: La reforma excluye la posibilidad de suspensión inmediata en casos clave como bloqueos de cuentas, deuda pública, sistema financiero, telecomunicaciones y competencia económica.
En términos industriales, significa que una empresa podría perder de inmediato su concesión o autorización, aun si más adelante un juez le da la razón. Esto genera un riesgo regulatorio severo y desincentiva la inversión.
Ley deja a empresas más limitadas
Restricciones a la ampliación de demanda y a la suspensión de actos fiscales: Se elimina la posibilidad de ampliar la demanda en la mayoría de los casos y se limita el amparo contra procedimientos fiscales de ejecución y prescripción de créditos firmes.
Esto deja a las empresas con menos vías para defenderse de decisiones tributarias que pueden afectar seriamente su liquidez y continuidad operativa.
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Imposibilidad jurídica o material de cumplimiento de sentencias: La iniciativa permitiría que las autoridades queden exentas de responsabilidad penal si alegan imposibilidad jurídica o material para acatar una sentencia.
Esta disposición podría debilitar la efectividad de los amparos ganados por empresas, ya que las resoluciones a su favor podrían no traducirse en una reparación efectiva.
Exclusión de suspensiones en sectores estratégicos: Telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica quedan expresamente fuera de la posibilidad de suspensión.
Para las industrias que dependen de concesiones y autorizaciones en estos sectores, esto implica vulnerabilidad inmediata frente a actos administrativos, aun cuando resulten ilegales.
Señalan al amparo como pilar histórico
El amparo es el pilar histórico de la seguridad jurídica en México, y su debilitamiento compromete la confianza de los inversionistas y la operación cotidiana de nuestras empresas. En este sentido:
- Exhortamos al Congreso de la Unión a no aprobar disposiciones regresivas que restrinjan indebidamente la defensa legal de empresas y ciudadanos.
- Solicitamos foros de Parlamento Abierto incluyentes, donde participen juristas, constitucionalistas y representantes empresariales, a fin de corregir los riesgos señalados.
- Advertimos que la limitación del interés legítimo y de las suspensiones provisionales puede erosionar la certeza jurídica
También podría afectar la competitividad de nuestras cadenas productivas y poner en riesgo empleos e inversiones.
Tenemos disposición al diálogo señala Canacintra
Canacintra mantiene su disposición al diálogo constructivo, convencida de que una reforma legítima debe fortalecer la justicia sin sacrificar las garantías constitucionales que permiten a México crecer y competir en el mundo.