CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Millones de jóvenes en México se enfrentan a condiciones estructurales que dificultan romper los ciclos de pobreza, debido al rezago educativo, la precariedad laboral y la exclusión social, alertaron ayer especialistas durante el foro virtual “Alternativas frente a la exclusión y el rezago educativo de jóvenes”.
“En México, hay 30.5 millones de personas jóvenes, de ellas casi la mitad, 14.4 millones son ‘jóvenes oportunidad’: 4.8 millones están fuera de la escuela y sin trabajo; 6.9 millones ya no estudian y tienen trabajo precario y 2.6 millones aún están en la escuela y viven en pobreza. En todos los casos son jóvenes con rezago educativo o sin estudios universitarios”, afirmó Esteban Álvarez, líder de la Alianza Jóvenes con trabajo digno.
Además, ocho de cada diez jóvenes en exclusión total son mujeres, la mayoría dedicadas a labores domésticas y de cuidados no remunerados, dijo el investigador.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 30% de las personas de entre 15 y 29 años viven en pobreza, frente a un 26 por ciento de los adultos de 30 a 64.
Entre las mujeres jóvenes, la cifra asciende a un 32%. Aunque la pobreza general disminuyó en años recientes, el rezago educativo juvenil aumentó del 19% al 27% entre 2016 y 2024, lo que equivale a 8.2 millones de jóvenes con estudios inconclusos o insuficientes.
Según la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, este rezago tiene un efecto acumulativo a lo largo de la vida y genera obstáculos para acceder a empleos dignos. Ocho de cada diez jóvenes que no estudian ni trabajan, así como el 79% de quienes tienen empleos precarios, comparten una misma condición: carecen de estudios universitarios o arrastran rezago educativo.
En el encuentro participaron Emilia Ramírez, directora de la Red Global Jóvenes Oportunidad Ciudad de México (GOYN); Esteban Álvarez, coordinador de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, y Ana Paulina González, especialista de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Los tres especialistas coincidieron en la urgencia de implementar políticas públicas que combatan la exclusión laboral juvenil y el abandono escolar, con la participación del sector privado y organizaciones civiles.