CANCÚN.- Colectivas feministas de Quintana Roo exigieron la destitución inmediata de Jonathan Yong, juez de Control en materia penal, ante la falta de pronunciamiento del Poder Judicial estatal por un presunto caso de violencia contra una mujer ocurrido en la ciudad de Cancún.
El señalamiento ha generado una amplia reacción social, especialmente en redes sociales, donde se demanda una investigación pronta, exhaustiva y sin privilegios.
De acuerdo con organizaciones civiles, el silencio institucional frente a un hecho de esta gravedad pone en entredicho el compromiso de las autoridades con la justicia, la perspectiva de género y la protección de las víctimas.
Imágenes difundidas en redes sociales generan indignación
En redes sociales circula una imagen en la que presuntamente se observa al juez Jonathan Yong Mendoza con un arma de fuego en la mano, mientras una mujer, identificada como su pareja, aparece tirada en el piso.
Los hechos habrían ocurrido el pasado 23 de diciembre en el fraccionamiento Palmaris, en Cancún.
Además, de manera extraoficial, se ha señalado que el funcionario habría intimidado a un agente de Seguridad Pública que acudió al lugar tras un reporte al número de emergencias 911.
Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo negó contar con un reporte formal, la llamada telefónica motivó la intervención del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig).
Presunto silencio del Poder Judicial
Hasta el momento, ninguna autoridad del Poder Judicial de Quintana Roo se ha pronunciado públicamente sobre los hechos.
Esto ocurre pese a que la institución cuenta con un Comité de Género, el cual tampoco ha informado sobre la apertura de alguna investigación o medida cautelar.
Esta omisión, señalaron las colectivas, refuerza la percepción de impunidad y protección institucional, particularmente cuando el presunto agresor ocupa un cargo clave dentro del sistema de justicia penal.
Antecedentes del juez generan cuestionamientos
Jonathan Yong fue titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez en 2016 y fue destituido en mayo de 2017, durante la administración municipal de Remberto Estrada Barba. Posteriormente, fue reubicado como director de Catastro.
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En septiembre pasado, tras un proceso de renovación del Poder Judicial estatal que fue ampliamente cuestionado, el exfuncionario resultó electo como juez, luego de un procedimiento que, según organizaciones civiles, estuvo marcado por irregularidades, incluida la distribución de “acordeones” el día de la jornada electoral.
Colectivas demandan justicia
La colectiva 50+1, capítulo Quintana Roo, exigió la destitución inmediata del juez, así como una investigación transparente y con perspectiva de género.
Asimismo, solicitó medidas de protección para las personas afectadas y garantías de acceso a la justicia sin tratos preferenciales.
La organización afirmó que existen testigos y grabaciones que documentan el incidente. Además de recordar que el hombre ha sido vinculado anteriormente a investigaciones por presuntos delitos como lavado de dinero y posibles nexos con la delincuencia organizada.
Por su parte, el Colectivo Femenil Xtabay coincidió en la exigencia de removerlo del cargo y sancionarlo conforme a la ley.
“Ningún agresor en el poder”, sentenció la agrupación, al subrayar que la función pública implica una responsabilidad mayor y un apego estricto al Estado de Derecho.
Asimismo, advirtieron que seguirán vigilantes hasta que las autoridades actúen con firmeza y transparencia.