Luego de meses de secretismo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó finalmente su reforma electoral al Congreso de México el miércoles 4 de marzo de 2026.
La iniciativa aborda diez cambios constitucionales. Entre otros puntos, la propuesta reduciría la cuarta parte al gasto público para organizar las elecciones y financiar a los partidos, restringiría la publicidad electoral y eliminaría la representación proporcional en el Senado, publica el sitio www.dw.com.
El proyecto ahora será sometido a debate en las dos cámaras legislativas, donde se vislumbra una férrea crítica no solamente de la oposición, sino también de los socios minoritarios de la coalición gobernante —Partido del Trabajo y Verde Ecologista— que están en desacuerdo con algunos puntos.
Claudia Sheinbaum dijo que la iniciativa quitaría poder a las cúpulas partidistas y significaría mayor pluralidad y un ahorro que beneficiaría al pueblo con más inversión social.
Analistas consideran, sin embargo, que el ahorro presupuestal será mínimo. Además, advierten del peligro de un retroceso democrático y de una mayor penetración del crimen organizado en la política mexicana mediante dinero sucio.
“Es una reforma regresiva en procedimiento y contenido que favorece al partido en el poder”, sentencia en entrevista con DW María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).
La socióloga se refiere al cambio en la asignación de los asientos en el Senado por vía proporcional.
Hasta ahora hay tres senadores elegidos por voto directo en cada uno de los 32 estados y 32 curules que se reparten proporcionalmente según la votación del partido. Así se garantizan los derechos de las minorías.
Un partido que sacó 10 por ciento de los votos, pero no alcanzó a meter ningún candidato directo, tenía hasta ahora por repartición proporcional tres curules. Esa representación senatorial debería de desaparecer, según el proyecto oficial.
“Así Morena quiere legalizar una sobrerrepresentación en el Senado”, critica Amparo Casar.
Morena y sus aliados ganaron en la elección del 2024 un 54 por ciento de los votos. Sin embargo, gracias a una polémica interpretación del Tribunal Electoral, se adjudicaron 73 por ciento de la Cámara, casi la cantidad de votos necesaria para cambiar la Constitución, por mayoría calificada de tres cuartas partes del Congreso.
En el Senado, protegido por la regla de la proporcionalidad, el margen fue mucho más estrecho.
A la doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cambridge le llama además la atención la opacidad con la que se elaboró la reforma. “Desde 1978, todas las siete reformas electorales en México se han concertado entre el gobierno, el partido del gobierno y los partidos de oposición, aunque en ese entonces fueron totalmente minoritarios en un sistema de partido hegemónico”, subraya.
“Esta vez, se hizo la propuesta en la oscuridad, con una comisión donde todos eran de Morena”, subraya.
De hecho, este procedimiento y su contenido han causado irritación en los socios del Partido Verde y PT. El último publicó un duro comunicado en el que reprochó a Morena querer regresar al sistema de partido hegemónico que prevaleció en México entre 1929 y 2000 en la época del PRI.
Esta es una de las reformas electorales más ambiciosas de las últimas décadas: la de 1977 abrió la puerta a la pluralidad; la del 1990 dio autonomía al árbitro electoral autónomo; la de 1996 separó al Ejecutivo de los comicios y reforzó el financiamiento público para evitar inequidad; y la última de 2014 endureció sanciones por rebasar límites de gastos de campaña y por el uso de dinero sucio.
A Javier Martín, profesor de derecho constitucional y electoral de la UNAM, le preocupan los recortes en el financiamiento público. “Hoy día la mayor parte del financiamiento de los partidos en México es ilícito”, destaca. “Recortar un 25 por ciento más el financiamiento público aumentaría el riesgo de corrupción y de narcopolítica”, advierte.
Luego hay ideas buenas, comentan los analistas, pero con fallas o incógnitas en su diseño. Como ejemplo, destaca Martín la regulación sobre inteligencia artificial: “La iniciativa obliga que cualquier contenido generado o modificado por Inteligencia Artificial sea etiquetado, lo cual es bueno”, subraya el también catedrático del Baker Institute de Estados Unidos.
No obstante, añade que los que tienen que identificar y evitar la difusión de contenidos manipulados y de desinformación son los medios y las plataformas. “Esto carga la responsabilidad a otros y abre la puerta a la censura previa”.
“Poca claridad” en la reforma electoral
María Amparo Casar considera también positiva la prohibición de manejar dinero en efectivo en las campañas, pero advierte que hay poca claridad sobre cómo se va a controlar. También alerta de lagunas importantes en la propuesta, que no dice nada sobre cómo se contabilizarán las alianzas electorales y vislumbra un conteo mucho más difícil, largo y menos transparente.
“La propuesta de método de elección es un enredo que quita certeza, confiabilidad y transparencia al proceso”, advierte la académica, que ve la reforma electoral como “último clavo en el ataúd de la democracia mexicana”.
Con la reforma, dice, la Presidenta pone en juego su poder dentro del entramado político: “Si le sale la jugada, se garantiza los dos tercios del Congreso en las elecciones del 2027 y se afianza como líder”, explica. Si fracasa la reforma, no solamente Claudia Sheinbaum quedaría debilitada, sino también el presidencialismo, ya que el Congreso y los partidos chicos conservarán su poder de transacción.
Legado de López Obrador
La reforma electoral obedece a un legado de Andrés Manuel López Obrador, quien intentó infructuosamente en dos ocasiones cambiar el sistema electoral y fue frenado una vez por el Congreso y otra vez por la Suprema Corte. Ahora la pelota está en el campo de los aliados de Morena, quienes podrían frenar la reforma en el Congreso si se alinean con la oposición.
En la segunda presidencia de Morena, además de la reforma del Poder Judicial que el año pasado convirtió al país en el único del mundo que elige todas sus máximas cortes por voto popular con clara inclinación hacia los candidatos de Morena, y tras la eliminación de los contrapesos de los organismos autónomos del Estado, la reforma electoral de Claudia Sheinbaum se perfila como la puntilla contra la institucionalidad construida en tres décadas de democratización del sistema político mexicano.