CIUDAD DE MÉXICO (AP).— El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, realizará la próxima semana una visita a México para evaluar con las autoridades locales, organizaciones humanitarias y activistas el aumento de los desaparecidos, que ya superaron los 133,000 casos, y la profundización de la crisis forense.
La visita de Türk se dará en medio de las tensiones que surgieron entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) tras el reporte que presentó a inicios de mes en el que solicitó, en una decisión sin precedentes, que se lleve el caso México a la Asamblea General para que sopese medidas de prevención, investigación, castigo y erradicación de las desapariciones forzadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó ayer en su mañanera que se reunirá la próxima semana con el alto comisionado quien también sostendrá encuentros con funcionarios de la Cancillería y la Secretaría de Gobernación.
Desde el año 2000 a la fecha al menos tres altos comisionados de derechos humanos de la ONU han visitado México, entre ellos Louise Arbour en 2007 y Zeid Ra’ad Al Hussein en 2015.
La mandataria detalló que durante la visita las autoridades mexicanas le informarán a Türk sobre lo que se ha realizado para apoyar a las víctimas y atender el delito de desaparición, y agregó que también se recibirán sus opiniones.
La oficina del alto comisionado de los derechos humanos y el CED forman parte del sistema de la ONU, pero responden a mandos distintos y tienen plena independencia, por lo que no se prevé que la visita de Türk pueda influir en la postura del comité sobre la situación de México.
El arribo del alto comisionado coincidirá con los recientes hallazgos de cientos de restos óseos que encontraron a las afueras de la capital mexicana grupos de buscadores.
Según la fiscalía local los restos corresponderían a al menos tres personas.
Fosa en Rancho Izaguirre, con más cuerpos
El colectivo local Guerreros Buscadores de Jalisco también informó esta semana la localización de “molares, placas y diversos indicios óseos” en una fosa séptica del Rancho Izaguirre, ubicado a las afueras de la ciudad occidental de Guadalajara, que fue intervenido el año pasado por la Fiscalía General de la República tras la denuncia que hizo el mismo grupo sobre la presencia de numerosos restos óseos calcinados y cientos de prendas de vestir en el lugar.
Los activistas han cuestionado los pocos avances que ha habido en las investigaciones del Rancho Izaguirre, que era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de entrenamiento.
Sheinbaum criticó duramente el informe de la CED alegando que se ignoró las acciones que ha realizado su gobierno para enfrentar la crisis, y sostuvo que el análisis se basó en casos ocurridos en cuatro estados mexicanos entre 2009-2017 y que los resultados “los extrapolan hasta 2025”.
También rechazó la afirmación de la CED de que en México podrían estar ocurriendo desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad”, y dijo que para que se dé ese tipo penal se requieren “ataques sistemáticos del Estado contra la población civil”.
En su informe la CED también expresó preocupación por la crisis forense sin precedentes que enfrenta México con más de 70.000 cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes.
En respuesta a las críticas del gobierno mexicano, Juan Pablo Albán, presidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), expresó que las diferencias jurídicas y políticas “son comprensibles” en el marco del diálogo internacional y la cooperación, pero sostuvo que es “fundamental preservar el respeto institucional” hacia los órganos de supervisión de los derechos humanos y sus integrantes.
Albán también refutó las críticas al informe y planteó que el análisis que hizo la CED de los casos de desaparecidos en México “no se limita a un periodo cerrado”, sino que “examina la evolución de la situación hasta la actualidad”.