MÉXICO.— El caso judicial que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) mantiene contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también involucra a integrantes de alto nivel del Cártel de Sinaloa y a presuntos proveedores chinos de precursores químicos para la elaboración de fentanilo.
Documentos revisados por Aristegui Noticias describen una posible red de corrupción en la que funcionarios, mandos policiales y operadores criminales habrían facilitado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y beneficios económicos.
La primera acusación formal fue presentada en abril de 2023, durante la administración de Joe Biden, contra 23 personas ligadas al Cártel de Sinaloa. Entre los señalados estaban Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, además de operadores como Óscar Noé Medina González alias “El Panu” y Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”.
Según el expediente, Iván Archivaldo encabezaba el aparato de seguridad del grupo criminal, mientras que Ovidio Guzmán era considerado uno de los principales responsables de la producción de fentanilo.
Aristegui Noticias también señala que el expediente involucra a ciudadanos chinos relacionados con el suministro de sustancias químicas utilizadas para fabricar fentanilo. Entre ellos aparece Kun Jiang, identificado como uno de los principales proveedores de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa.
Asimismo, se menciona a Huatao Yao, propietario de la empresa Wuhan Shuokang Biological Technology Ltd., acusada de vender clandestinamente compuestos químicos a narcotraficantes mexicanos.
De acuerdo con la información publicada, Óscar Noé Medina González fungía como uno de los principales hombres de confianza de Iván Archivaldo Guzmán hasta su asesinato en diciembre de 2025 en la Ciudad de México. En tanto, “El Nini” fue capturado en México y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta proceso judicial.
Según declaraciones retomadas por Aristegui Noticias, tanto él como Ovidio Guzmán podrían colaborar como testigos contra Rocha Moya.
Las investigaciones también derivaron en acuerdos de culpabilidad y sentencias contra otros involucrados. Entre ellos figura Ana Gabriela Rubio Zea, operadora radicada en Guatemala que conseguía precursores químicos de origen chino y que recibió una condena reducida tras colaborar con autoridades estadounidenses.
Además, Sergio Duarte Frías admitió haber participado en operaciones de lavado de dinero mediante criptomonedas, una práctica que el expediente atribuye a integrantes de la organización criminal.
Dentro del mismo caso, el DOJ formalizó el 29 de abril acusaciones por narcotráfico contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses. Entre los señalados aparecen el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, además de exmandos policiales y autoridades municipales de Culiacán.
Las acusaciones incluyen conspiración para importar narcóticos y posesión de armas automáticas y explosivos.
Según el expediente judicial citado por Aristegui Noticias, Rocha Moya habría brindado apoyo al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos para permitir que “Los Chapitos” operaran con impunidad. También se acusa a funcionarios y mandos policiales de recibir pagos mensuales, alertar sobre operativos y ordenar liberaciones de integrantes del grupo criminal. Uno de los señalamientos más graves indica que autoridades locales habrían colaborado en el secuestro y asesinato de un informante de la DEA y sus familiares en 2023.
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que Estados Unidos presentó solicitudes formales de extradición contra los funcionarios señalados.
Mientras tanto, el gobierno federal, la Fiscalía General de la República y Morena han pedido mayores pruebas antes de proceder contra Rocha Moya.
Paralelamente, legisladores y dirigentes del PAN anunciaron una solicitud de juicio político para impedir que el mandatario con licencia regrese al cargo y recupere el fuero constitucional.