La FGR investiga demandas laborales que condenan al ISSSTE a pagar indemnizaciones por más de $1,230 millones de pesos a exagentes de las extintas Policía Federal y Secretaría de Seguridad Pública Federal que ya contaban con Afore.
Cuando detectaron irregularidades, frenaron los cobros y desaparecieron la Junta Especial que ordenó los pagos al Instituto.
Antiguos agentes federales promovieron indemnizaciones, a pesar de que no tenían derecho a pensión por jubilación, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) ya realiza las indagatorias.
Tanto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) denunciaron seis laudos —presuntamente ilegales— que ordenan al instituto pagar dicha cantidad millonaria a un total de 880 antiguos servidores públicos por concepto de indemnización global.
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Exfuncionarios no tenían derecho a pensión por jubilación y contaban con Afore
La prestación, equivalente a 45 días del último sueldo básico, estaba prevista para exfuncionarios que no tenían derecho a pensión por jubilación.
Sin embargo, la prestación de pensión fue derogada y desapareció en la nueva Ley del ISSSTE que está vigente desde abril de 2007.
De acuerdo con la indagatoria, los exgentes ya no tenían derecho a la indemnización global y además contaban con Afore.
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A pesar de ello, los exagentes presentaron sus demandas en el 2021 con base en la anterior Ley del ISSSTE , aunque estaban sujetos a la actual, ante la entonces Junta Especial 42 de la JFCA, en Torreón, Coahuila, la cual sentenció los pagos favorablemente.
Acusan demandas irregulares
“Las demandas son oscuras e irregulares, ya que no se detalla la fecha exacta de ingreso a la fuente de trabajo, y poder así determinar la antigüedad real del actor”, dice una de las querellas.
Una de las primeras irregularidades señaladas es que, por cuestión de territorialidad, la Junta Especial de Torreón era incompetente para tramitar los juicios laborales, ya que las demandas procedían de diversos estados de México.
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Otra es que la Junta Especial les dio entrada, sin que los demandantes precisaran su salario base, omitiendo un procedimiento que la obligaba a señalar este defecto y dar un plazo de 3 días para que fuera subsanado.
La indagatoria precisa que, a pesar de no corregirse ese error de origen, las demandas fueron radicadas por Aarón David Carrillo Ochoa y Edgar Ubaldo Ruiz Castillo, secretario de acuerdos y auxiliar, respectivamente, de la Junta Especial 42.
El laudo más importante que dictaron fue uno por 950 millones de pesos, a favor de 678 exfuncionarios.
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Detectan fraude, frenan cobros y desaparecen la Junta Especial Número 42.
Gracias a que este presunto fraude fue detectado, la JFCA frenó la ejecución y cobro de los laudos, por parte de los exagentes, y el 17 de junio de 2024 la Secretaría del Trabajo ordenó la desaparición de la Junta Especial Número 42.
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