Coparmex advirtió que la corrupción en los servicios públicos y los procesos administrativos continúa elevando los costos para ciudadanos y empresas, además de afectar la inversión y la competitividad del país
Coparmex advirtió que la corrupción en los servicios públicos y los procesos administrativos continúa elevando los costos para ciudadanos y empresas, además de afectar la inversión y la competitividad del país

MÉXICO.— La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para la inversión, la competitividad y el crecimiento económico del país, al señalar que en 2025 alcanzó su mayor costo promedio por ciudadano en la última década.

Con base en datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2025 del Inegi, el organismo indicó que cada persona afectada por actos de corrupción perdió en promedio 3,865 pesos durante el año pasado.

En total, 9.42 millones de mexicanos fueron víctimas de al menos un acto de corrupción al realizar trámites o interactuar con autoridades, lo que representó pérdidas cercanas a los 17 mil millones de pesos.

Coparmex sostuvo que estas prácticas elevan los costos de hacer negocios, generan incertidumbre jurídica, desalientan la inversión y limitan la creación de empleos formales. Además, recordó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (Enve) 2024 del Inegi, el 98.9% de los actos de corrupción que enfrentan las empresas no se denuncian ni se investigan, por lo que permanecen impunes.

La organización reconoció los esfuerzos realizados por los distintos niveles de gobierno para combatir este problema, aunque consideró que los resultados aún son insuficientes. “Combatir la corrupción debe ser una prioridad nacional, fortaleciendo la transparencia, la certeza jurídica y la integridad pública para impulsar el crecimiento económico y la confianza en las instituciones”, señaló.

Según la Encig 2025, el 16% de las personas que realizaron un trámite, pago o solicitaron un servicio público fue víctima de algún acto de corrupción. Asimismo, la tasa de prevalencia alcanzó 15,642 actos por cada 100 mil habitantes, un incremento de 24% respecto a 2015.

Para el organismo empresarial, prácticas como sobornos, discrecionalidad, retrasos injustificados y abusos administrativos deterioran el funcionamiento institucional y reducen el atractivo del país para nuevas inversiones.

Coparmex también citó el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, en el que México obtuvo 27 puntos de un máximo de 100 y se ubicó en la posición 141 entre 182 países evaluados.

En el ámbito empresarial, los resultados de #DataCoparmex 2025 muestran que el 40.2% de las empresas afiliadas reportó haber enfrentado al menos un acto de corrupción durante el último año. Coparmex dijo que cuatro de cada diez empresas continúan padeciendo prácticas irregulares en su relación con las autoridades.

La mayor incidencia se registró en el ámbito municipal, donde el 62.2% de las empresas reportó actos de corrupción; le siguieron el nivel estatal, con 57.8%, y el federal, con 42.8%. Además, casi una quinta parte de las compañías afirmó haber enfrentado corrupción en los tres órdenes de gobierno.

El organismo añadió que la corrupción afecta con mayor intensidad a las micro, pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menos recursos para absorber pagos indebidos, retrasos y cargas administrativas.

También advirtió que el exceso de regulaciones agrava el problema: casi la mitad de las empresas enfrentó obstáculos al realizar trámites gubernamentales y dedica, en promedio, 82 horas al mes al cumplimiento regulatorio, por lo que consideró que simplificar y digitalizar los procesos ayudaría a reducir los espacios para la discrecionalidad.

Como parte de su posicionamiento, Coparmex pidió fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, aplicar sanciones efectivas a los responsables, simplificar y digitalizar los trámites gubernamentales, establecer canales seguros de denuncia, combatir la extorsión —especialmente cuando involucre a autoridades— y garantizar la participación del sector empresarial y de la sociedad civil en el diseño y evaluación de las políticas anticorrupción.

Finalmente, reiteró su disposición para colaborar con los tres órdenes de gobierno en el desarrollo de políticas públicas y mecanismos de integridad. “Solo mediante instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho efectivo será posible fortalecer la confianza, atraer inversión y construir un México más competitivo”, concluyó.

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