MÉXICO.- Este jueves el periodista Héctor de Mauleón publicó dos nuevas grabaciones en su columna de El Universal en las que presuntamente se escucha a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, negociar con supuestos intermediarios estadounidenses las condiciones para una reunión relacionada con la cancelación de su visa.

La difusión ocurre un día después de que la propia mandataria afirmara que “seguramente seguirían apareciendo más fragmentos” de sus conversaciones.

Proponen reunión en Panamá como “territorio neutral”

En la primera grabación, un presunto intermediario informa a Marina del Pilar que autorizaron una reunión para finales de agosto en Panamá.

Según el interlocutor, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado de Estados Unidos acordaron realizar el encuentro en ese país por considerarlo un “territorio neutral“, con el fin de evitar que se llevara a cabo en territorio estadounidense o mexicano.

Durante la conversación, la gobernadora pregunta si sus abogados podrían acompañarla. El intermediario responde que consultará esa posibilidad con sus superiores en el DHS.

La mandataria expresa preocupación por el procedimiento.

“Son reglas, leyes que no conozco… sí me inquieta un poco”.

No obstante, agrega que permanece “a tus órdenes” para continuar el proceso con el respaldo de un abogado.

Marina del Pilar elige Tijuana para el encuentro, según otro audio

En una segunda grabación, que incluye fragmentos en inglés, uno de los interlocutores explica que inicialmente contemplaron realizar la reunión en Panamá y después en Ciudad de México porque, según afirma, agentes de HSI y del FBI buscaban sostener el encuentro en un territorio neutral y con absoluta reserva para evitar filtraciones a la prensa.

Más adelante, otro interlocutor, quien se identifica únicamente como integrante del equipo de contacto con el FBI, pregunta en inglés a Marina del Pilar si prefiere reunirse con representantes de esa agencia en Tijuana o en Miami “por razones de logística”.

La gobernadora responde de forma directa: “En Tijuana”. Tras esa respuesta, el intermediario afirma en español: “La cosa va a ser directamente con el FBI y ellos están dispuestos aquí a venir a Tijuana“.

La gobernadora pide que primero hablen con su abogado

Antes de definir el encuentro, el interlocutor pregunta a la mandataria si desea que la contacten directamente o si prefiere que primero hablen con su abogado.

Marina del Pilar responde, alternando español e inglés, que prefiere que su representante legal reciba primero la información y posteriormente le comunique los detalles para decidir “lo que piensen que es mejor para mí en este caso”.

El interlocutor acepta ese procedimiento y señala que, al concluir la llamada, se comunicaría con “mi lado, el FBI” para continuar las gestiones a través del abogado.

Marina del Pilar acusa un “complot” de Jaime Bonilla

Los nuevos audios aparecen un día después de que la gobernadora acusara al exgobernador Jaime Bonilla de haberle “tendido una trampa” al ponerla en contacto con los presuntos intermediarios, quienes supuestamente podrían ayudarla a recuperar su visa estadounidense.

Marina del Pilar sostiene que enfrenta un “complot” y una “venganza política”. Además, asegura que las grabaciones fueron manipuladas y difundidas fuera de contexto.

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el FBI no han confirmado oficialmente la existencia de las reuniones mencionadas en los audios. Tampoco la gobernadora ha emitido un posicionamiento específico sobre estos nuevos fragmentos.

Los audios se suman a filtraciones previas

Las nuevas grabaciones complementan los audios difundidos anteriormente por el mismo columnista, en los que presuntamente se escucha a Marina del Pilar expresar disposición para compartir información de las mesas de seguridad estatales.

Respecto a esas primeras filtraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señalaron que no existían elementos para considerar la comisión de un delito, al indicar que el material conocido hasta ese momento no mostraba la divulgación de información confidencial ni comprometía la seguridad nacional o estatal.

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