CIUDAD DE MÉXICO.— La audiencia inicial del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continuaba este sábado ante una jueza de control, luego de registrar al menos cinco recesos desde que comenzó la tarde del viernes.
La diligencia se realiza por videoconferencia y está a cargo de la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, quien inició la audiencia a la 1 de la tarde del viernes y decretó varios recesos a lo largo del proceso.
Audiencia de Ernesto Ruffo acumula más de cinco recesos
De acuerdo con fuentes judiciales, la audiencia tuvo una primera suspensión hasta las 7 de la noche del viernes y, durante la madrugada y la mañana de este sábado, se decretaron al menos tres recesos adicionales.
El más reciente ocurrió entre las 8 y las 9 de la mañana, tras lo cual la diligencia se reanudó.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) expone el presunto esquema de operación que atribuye a Ruffo Appel y a otros coimputados, a quienes señala de integrar la mayor red de huachicol fiscal detectada en México.
Esperan posible prisión preventiva para el exgobernador
Mientras se desarrolla la audiencia, en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permanece un convoy con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina.
Las autoridades prevén que, en caso de que la jueza imponga la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la defensa solicite la ampliación del plazo constitucional para definir si el exmandatario será vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
De concederse esa medida, Ruffo Appel podría ser trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Ernesto Ruffo obtiene suspensión para evitar incomunicación y tortura
Por otra parte, un secretario en funciones de juez del Juzgado Séptimo de Distrito en Baja California, con residencia en Ensenada, concedió al exgobernador una suspensión de plano para evitar que permanezca incomunicado o sea víctima de actos de tortura mientras se encuentra bajo custodia.
La defensa del exgobernador promovió un juicio de amparo en el que reclamó presunta privación ilegal de la libertad, incomunicación, tortura, malos tratos y afectaciones a su integridad personal.
No obstante, la medida cautelar únicamente fue concedida para garantizar que no permanezca incomunicado ni sea sometido a actos de tortura durante el proceso.