CIUDAD DE MÉXICO.- Un amplio operativo desplegado en decenas de municipios de Estado de México permitió desarticular parte de una presunta red dedicada a operar máquinas tragamonedas ilegales.
Las autoridades sostienen que estos dispositivos no sólo generaban ingresos para grupos delictivos, sino que también eran utilizados para extorsionar a comerciantes y atraer a jóvenes hacia actividades relacionadas con la delincuencia organizada.
Derivado de lo anterior se aseguraron en un operativo conjunto 3,374 máquinas tragamonedas.
Autoridades realizaron cateos en 84 municipios
Cabe señalar que los operativos conjuntos entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se llevaron a cabo entre los pasados 11 y 20 de julio, mediante inspecciones y cateos simultáneos en 84 municipios.
Según con el informe oficial emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el dinero de las extorsiones y la captación ilícita se extrajo de los cajones de cobro de los dispositivos asegurados.
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Dicho monto acumuló un peso superior a las nueve toneladas en monedas de distintas denominaciones, equivalentes a más de nueve millones de pesos.
De igual manera, el valor comercial de los dispositivos tipo pinball, de cascada, botón y clásicos se estimó en más de 50.6 millones de pesos.
La afectación financiera total a los grupos presuntamente criminales superó los 59.8 millones de pesos.
Aseguran inmueble que servía de taller clandestino
Durante las diligencias ministeriales, las fuerzas de seguridad localizaron un inmueble en el municipio de Tultitlán.
Dicho lugar era utilizado como taller clandestino para el ensamblaje y mantenimiento de estos aparatos de explotación ilegal.
Además las autoridades señalaron que la operación de estos aparatos no sólo generaba ingresos ilícitos a través de la extorsión a los dueños de los establecimientos, sino que servía como mecanismo de enganche de menores de edad para vincularlos a dinámicas delictivas.
Por su parte, el dinero incautado será retirado legalmente a los grupos delincuenciales mediante un proceso de extinción de dominio.
Lo anterior es una vía jurídica que permite al Estado retirar la propiedad de bienes o recursos de origen ilícito para destinarlos al gasto público.