CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El aseguramiento de un complejo clandestino de procesamiento de hidrocarburos en Reynosa, Tamaulipas, confirmó la evolución del robo de combustible en México.
Lo que durante años se concentró en tomas clandestinas conectadas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ahora incorpora instalaciones con infraestructura industrial capaces de procesar millones de litros de hidrocarburos y producir combustibles destinados al mercado ilegal. Los operativos realizados entre 2019 y 2026 muestran que las organizaciones criminales han sofisticado sus métodos y ampliado su capacidad logística.
El caso más reciente ocurrió el 24 de julio en Reynosa, donde fuerzas federales desmantelaron dos instalaciones clandestinas. La principal, ubicada en la Brecha El Becerro, operaba a apenas 1.5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional. En ese sitio fueron asegurados 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo, el mayor volumen decomisado en una instalación de este tipo. En un segundo predio, también en Reynosa, las autoridades localizaron otros 109 mil 400 litros de combustible.
Tras el operativo, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que estos sitios no deben denominarse refinerías, sino centros de procesamiento, al señalar que una refinería implica procesos industriales de mayor complejidad. No obstante, reconoció que estas instalaciones permiten transformar hidrocarburos para obtener derivados para comercializar de manera ilegal.
Los antecedentes muestran que esta modalidad no surgió recientemente. El 8 de septiembre de 2022 fue asegurada una destilería clandestina en Degollado, Jalisco, donde se localizaron 85 mil litros de crudo y gasolinas. El 14 de mayo de 2023 se desmanteló un patio de almacenamiento y destilación artesanal en García, Nuevo León, con 120 mil litros de hidrocarburo robado.
La infraestructura clandestina continuó expandiéndose durante 2025. El 18 de junio de ese año autoridades federales aseguraron en Coatzacoalcos, Veracruz, una instalación utilizada para separar combustibles y producir diésel artesanal, nafta ligera, solventes y combustóleo sin permisos ni medidas de seguridad. Meses después, el 30 de septiembre, fue localizado un centro de procesamiento oculto bajo la fachada de una planta recicladora en San Juan del Río, Querétaro. El 5 de noviembre también fue desmantelada una miniplanta en una zona ejidal con alrededor de 250 mil litros de diésel y crudo.
De acuerdo con los registros públicos, antes de 2022 los aseguramientos se concentraban principalmente en centros de almacenamiento y distribución del combustible robado. Entre ellos destaca el decomiso realizado en noviembre de 2021 en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, donde fueron recuperados 56 mil litros de hidrocarburo. En 2019, meses después de la explosión ocurrida en Tlahuelilpan, también fue localizado un predio con 40 mil litros de gasolina ya refinada, aunque sin infraestructura para procesarla.
Especialistas consultados coinciden en que el cambio de estrategia ha permitido a los grupos delictivos montar complejos industriales de menor escala en zonas rurales o parques industriales, ocultándolos bajo la fachada de recicladoras, chatarreras o pensiones para tráileres, lo que facilita justificar el tránsito constante de camiones cisterna y el movimiento de hidrocarburos.
A esta evolución se suma un vacío legal. Investigaciones periodísticas han documentado que plataformas internacionales de comercio electrónico ofrecen equipos para minirrefinerías con precios que van de 2 mil 500 a 700 mil dólares.
La legislación mexicana regula la operación de refinerías, pero no restringe la compra, importación o transporte de esta infraestructura. Expertos señalan que estas plantas pueden ingresar legalmente al país desarmadas y ser ensambladas en pocos días. Además, advierten que la mayoría de los aseguramientos concluye con el decomiso del combustible y los equipos, pero sin personas detenidas, lo que evidencia los retos que aún enfrenta la investigación de estas redes criminales.