CIUDAD DE MÉXICO.— Juristas, exmagistrados y especialistas agrupados en el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (Cepna) advirtieron que la propuesta de “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias” podría propiciar censura y autocensura en radio y televisión, con repercusiones en el debate público y el proceso electoral 2026-2027.
En el posicionamiento “Libertad de Expresión y Proceso Electoral 2026-2027. Sin debate libre no hay elecciones libres”, reconocieron que la propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones contiene medidas necesarias en materia de accesibilidad y fortalecimiento de los derechos de las audiencias.
Sin embargo, consideraron que permitir al gobierno determinar qué constituye información, opinión o tratamiento noticioso, además de imponer sanciones a los concesionarios, representa un riesgo para la libertad de expresión. “Alertamos sobre el inevitable efecto negativo de esos lineamientos en el debate político diario y durante los procesos electorales”, señalaron.
El documento sostiene que la libertad de expresión es una condición indispensable para la democracia y recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha definido como una “piedra angular” de toda sociedad democrática.
El Cepna afirmó que ninguna elección puede considerarse auténtica cuando la conversación se desarrolla bajo la amenaza de sanciones o en un entorno que incentive la autocensura preventiva de medios de comunicación y concesionarios.
Los especialistas recordaron que desde la reforma de 2024 advirtieron sobre los riesgos de trasladar las facultades de protección de los derechos de las audiencias a una dependencia gubernamental, en sustitución de un organismo autónomo, pues ello podría convertir al gobierno en árbitro de los contenidos informativos y del debate público.
Piden consulta
Los firmantes señalaron que la legislación electoral otorga al Instituto Nacional Electoral (INE) la administración de los tiempos de radio y televisión durante los procesos electorales, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ejerce el control de constitucionalidad y legalidad en la materia.
Advirtieron que una regulación elaborada unilateralmente por una dependencia gubernamental podría convertirse en un mecanismo de presión sobre los concesionarios y limitar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, con el riesgo de extender sus efectos a medios impresos y digitales.
Por ello, exigieron que las autoridades atiendan las observaciones de periodistas, académicos, juristas, especialistas y representantes de la industria.
El posicionamiento fue suscrito por Jorge Alcocer Villanueva, coordinador general del Cepna; José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte; Diego Valadés Ríos, investigador emérito de la UNAM y Jesús Orozco Henríquez, exmagistrado electoral.