CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa reactiva el debate sobre uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México, aunque persisten pendientes para garantizar verdad y justicia.
Salvador Guerrero, director de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana (Ibero), señaló que, más allá de las nuevas acciones judiciales, el caso continúa mostrando las limitaciones institucionales para investigar desapariciones, identificar a las víctimas y sancionar a los responsables.
En un comunicado, el académico recordó que los 43 normalistas desaparecieron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Los hechos colocaron bajo escrutinio internacional la actuación de las instituciones mexicanas y derivaron en líneas de investigación tras los cuestionamientos a la llamada “verdad histórica” presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Las investigaciones posteriores, explicó, permitieron documentar presuntas omisiones, actos de encubrimiento y posibles responsabilidades de funcionarios públicos y grupos criminales. De esta manera, Ayotzinapa trascendió como investigación penal para convertirse en un símbolo de la crisis de desapariciones y de la lucha de las familias por conocer la verdad.
Guerrero advirtió que, a casi doce años de los hechos, los avances judiciales resultan insuficientes mientras no sean atendidas las fallas estructurales que permiten la persistencia de estos delitos.
Ayotzinapa: tres pendientes
El especialista identificó como primer desafío la profesionalización de las instituciones responsables de investigar desapariciones, pues todavía existen deficiencias técnicas y operativas que limitan la capacidad de las autoridades para esclarecer los casos.
Como segundo pendiente mencionó el fortalecimiento y la independencia de los servicios forenses. Indicó que en varias entidades estas áreas dependen administrativamente de las fiscalías, tienen recursos insuficientes y soportan una elevada carga laboral, circunstancias que afectan la identificación humana y el análisis de evidencias.
También consideró indispensable consolidar una coordinación nacional entre fiscalías, policías, servicios periciales y el Poder Judicial. La desaparición forzada, explicó, exige mecanismos permanentes de colaboración e intercambio de información que permitan superar las capacidades aisladas de cada institución.
