CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Grupos criminales desplazan comunidades de la Sierra de Chihuahua para controlar territorios, incluso en zonas donde no existen recursos naturales que expliquen su interés, advirtieron ayer organizaciones civiles.
Durante la presentación de un informe sobre desplazamiento forzado interno en Chihuahua, Saulo Loya, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que el territorio se ha convertido por sí mismo en una fuente de poder para las organizaciones delictivas.
El control de determinadas zonas, explicó, permite a los grupos criminales decidir qué ocurre en ellas y operar prácticamente con impunidad, además de facilitar el tránsito, abastecimiento y otras actividades ilícitas.
La misión que elaboró el informe identificó un patrón de violencia que comienza con amenazas y ataques contra líderes comunitarios o personas con capacidad de resistencia.
Cuando esas agresiones no consiguen expulsar a los habitantes, la violencia escala hacia ataques indiscriminados contra la población. Entre los métodos documentados figuran armas de alto calibre y drones con explosivos.
Nataniel Hernández, integrante de la Red TDT, pidió atender especialmente las consecuencias del desplazamiento entre niños y adolescentes, quienes pierden sus escuelas, amistades y vínculos comunitarios.
La misión se reunió en mayo con unas 200 personas de comunidades de Chihuahua, Durango y Sinaloa desplazadas hacia distintos puntos del estado.
Según el informe, durante 2025 al menos 4,492 personas fueron desplazadas en Chihuahua, de las cuales 1,335 procedían de Guadalupe y Calvo.
En México, al menos 28,900 personas fueron desplazadas por distintos tipos de violencia en 2024, 129% más que el año anterior, según datos citados por Amnistía Internacional.