CIUDAD DE MÉXICO.- Casi 100 casos de violencia se registraron en estadios de futbol de México entre 2023 y 2025, que se suman a otros casos destacados en años previos como la riña ocurrida en un partido Querétaro Vs. Atlas en marzo de 2022.
Riñas entre aficionados, enfrentamientos con policías y la prohibición del Fan ID por el mal manejo de datos biométricos y fotográficos de los asistentes llevaron a la aprobación de una reforma para atender la violencia en los estadios de futbol en el Senado.
“La violencia que se presenta en eventos deportivos en México […] ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una expresión reiterada y peligrosa de la descomposición del tejido social y la debilidad institucional”, dice el documento en el Senado.
Violencia en estadios de futbol impulsa reforma del Senado
Este jueves, el Senado de la República aprobó una reforma que busca fortalecer las medidas de seguridad en los eventos deportivos y prevenir nuevos enfrentamientos entre aficionados.
El dictamen, publicado en la Gaceta Parlamentaria y turnado a la Cámara de Diputados, plantea incorporar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Junta Directiva del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE).
De acuerdo con el documento, la intención es mejorar la coordinación entre las autoridades deportivas y las instituciones responsables de la seguridad pública.
Lo anterior mediante políticas preventivas, protocolos de protección civil y acciones relacionadas con los derechos humanos en los recintos deportivos.
La propuesta se justificó por diversos episodios de violencia en estadios, con casos registrados en pleno Mundial 2026, cuando un bloque negro tuvo un “choque” con la policía durante la ceremonia de inauguración.
Además, resurgieron los cuestionamientos al funcionamiento de medidas como el Fan ID, cuyo uso derivó en una sanción de 42.8 millones de pesos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por incumplimientos relacionados con la protección de datos personales.
¿Cuál es la propuesta del Senado para reducir la violencia en estadios?
El dictamen señala que la violencia en eventos deportivos dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en una situación recurrente.
Dicho documento sostiene que esta problemática representa una expresión de la descomposición del tejido social y de la debilidad institucional.
En primer lugar, se propone que la SSPC forme parte de la Junta Directiva del SINADE y, como se mencionó en párrafos anteriores, desarrollar políticas públicas con un enfoque preventivo.
La incorporación también plantea fortalecer los protocolos de seguridad y protección civil en los recintos deportivos, y la promoción de los derechos humanos durante los eventos.
El documento toma como antecedente el enfrentamiento ocurrido en el Estadio Corregidora de Querétaro en 2022 entre aficionados de Gallos Blancos y Atlas.
De acuerdo con el material, oficialmente se registraron 26 personas heridas y, durante los seis meses posteriores, la Liga MX reportó una disminución de 22% en la asistencia promedio a los estadios.
Violencia en estadios: de Querétaro a otros incidentes
La propuesta avalada hoy no es la única legislación en la materia, pues el problema de la violencia en el futbol mexicano tiene entre sus antecedentes más destacados el enfrentamiento del 22 de marzo de 2014 durante el clásico tapatío: Chivas y Atlas.
En aquella ocasión, una turba de aficionados agredió a 20 policías y ocho agentes resultaron con lesiones de gravedad.
A partir de ese episodio se aceleró en el Poder Legislativo la aprobación de una reforma para establecer sanciones contra quienes participaran en riñas dentro de los estadios.
Estas sanciones contemplan penas de seis meses a cuatro años de prisión y de 10 a 60 días de multa para quienes incurrieran en este tipo de conductas: ingresar sin autorización al terreno de juego, agredir a personas o causar daños materiales.
Además, se estableció un padrón de personas sancionadas con suspensión del derecho de asistir a eventos deportivos.
La información debía integrarse a las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y mantenerse confidencial, con acceso únicamente para las autoridades correspondientes.