EUM20240321SOC18.JPG CIUDAD JUÁREZ, Chih. Migrants/Migrantes-Frontera.- 21 de marzo de 2024. Cientos de extranjeros que acampaban en el borde fronterizo, rompieron la cerca con sus manos, palos y distintas herramientas en el área conocida como la Puerta 36, en espera de ser procesados por la Patrulla Fronteriza. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Christian Torres /EELG
EUM20240321SOC18.JPG CIUDAD JUÁREZ, Chih. Migrants/Migrantes-Frontera.- 21 de marzo de 2024. Cientos de extranjeros que acampaban en el borde fronterizo, rompieron la cerca con sus manos, palos y distintas herramientas en el área conocida como la Puerta 36, en espera de ser procesados por la Patrulla Fronteriza. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Christian Torres /EELG

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló ayer que comparte con el gobierno mexicano su preocupación por la “dañina e inconstitucional” ley SB4 de Texas, que el gobernador, Greg Abbott, insiste en aplicar pese a los fallos judiciales.

“Compartimos las preocupaciones de México sobre la dañina e inconstitucional ley SB4 de Texas, razón por la cual continuamos impugnándola en los tribunales”, señaló el diplomático en su cuenta de X.

Salazar dijo también que trabajan para que el sistema migratorio sea ordenado, seguro y humano; y, a la par, asegurar la frontera de Estados Unidos.

“Como vecinos y socios duraderos, seguimos comprometidos a reducir los flujos migratorios irregulares sin precedentes de forma humana, fortaleciendo nuestra colaboración para abordar las causas fundamentales, desarrollar vías legales para los migrantes y mejorar la aplicación de la ley a nivel regional”, expuso.

Salazar se refirió así a la ley SB4, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, que convertiría en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado (de Texas) desde una nación extranjera” de forma irregular, además de facultar a las fuerzas estatales de realizar arrestos migratorios.

La normativa desató caos desde el martes, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos primero permitió aplicar la ley antes de escuchar argumentos de fondo, pero en la noche el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito suspendió su entrada en vigor y el 3 de abril realizará una audiencia para pronunciarse sobre el fondo.

Ante la posibilidad de que se aplique esta ley, ayer la canciller mexicana, Alicia Bárcena, informó que el Gobierno de México presentó un “amicus curiae” ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans de Estados Unidos contra esta legislación.

Las tensiones entre México y el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, han crecido desde el año pasado ante las crecientes medidas antiinmigrantes del estado fronterizo, como las boyas y el cerco de alambre de navajas que colocó en el río Bravo o Grande para disuadir a migrantes de cruzar.

Apenas el 20 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de “politiquería” el campamento militar que Abbott pretende construir junto al río.

El mandatario ha asegurado que las decisiones de Texas se deben a que este año coinciden las elecciones de México y Estados Unidos.

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